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07 julio 2021

¿destope de las pensiones?

Ayer se aprobó indiciar las pensiones de nuevo con el IPC, justo ahora que tenemos a la inflación que se empieza a disparar… De locos. Sabemos que hay un agujero anual de 20.000 millones de euros que quieren cubrir con impuestos, o con lo que sea… Y eso antes de que se empiece a jubilar, en unos años, los del babyboom…

Nuevo runrún: destopar las bases de cotización. Hasta hoy el máximo de la base era de 4.070 euros, al que se aplicaba el 28,3% de tipo, sobre todo a cuenta de las empresas… Ahora pretenden quitar ese tope y que cada uno pague según su sueldo. ¿Podrán las empresas asumir este coste? ¿Se resentirá el empleo? Ni lo dudes. El 23,6% que pagan las empresas, si tiene un tope, es un palo. Si le quitan el tope, será inasumible tener a tíos contratados que ganen más de 4.070 euros al mes…

El Gobierno subirá las cotizaciones entre 2025 y 2045 a quienes ganan más para pagar las pensiones

El Ejecutivo baraja 'destopar' las bases máximas durante dos décadas para los trabajadores con mayores sueldos y sus empresas. El esfuerzo 'extra' reduciría la factura para las siguientes generaciones

El Gobierno baraja que los trabajadores con sueldos más altos y sus empresas paguen más cotizaciones sociales a la Seguridad Social en las dos décadas que van desde 2025 a 2045. El objetivo: engordar los ingresos del sistema para cubrir el elevado coste que supone pagar las pensiones de la generación del babyboom.

En concreto, está sobre la mesa del diálogo social la posibilidad de 'destopar' las bases máximas de cotización. Estas son la parte del salario de un trabajador -que incluye el sueldo mensual, las horas y pagas extra, si las hay, prorrateadas, y las vacaciones retribuidas y no disfrutadas- sobre las que se aplican los tipos de cotización.

Las bases de cotización están limitadas por arriba y por abajo, de forma que, en 2021, la base máxima en España es de 4.070,10 euros, lo que supone que aunque el sueldo mensual del trabajador sea muy superior a esa cantidad, el tipo de cotización se aplicará sobre esa cifra. Este tipo es del 28,3% -del que el 23,6% corre a cargo de la empresa y el 4,7% restante a cargo del empleado-.

De aplicar este tipo, sale la contribución mensual que hacen las empresas y los trabajadores en concepto de cotizaciones sociales a la Seguridad Social, equivalente a 1.151,8 euros mensuales en caso de cotizantes por la base máxima, una cuantía que el Ejecutivo se plantea subir de forma temporal para sanear el sistema.

La medida, en cualquier caso, sería coyuntural y sólo estaría en vigor entre 2025 y 2045, el periodo en el que la Seguridad Social tendrá que hacer frente a un gasto más elevado porque será el tiempo en el que la numerosa generación del babyboom (los nacidos entre finales de 1950 y mediados de 1970) estén jubilados y cobrando su pensión pública.

La medida se negociará para 2022

De ahí que el Gobierno estudie la opción de elevar las bases máximas, quitando ese tope, y, al hacerlo, incrementar la recaudación, ya que ese 28,3% se aplicará sobre una cuantía más alta. Ese aumento de ingresos ayudará a que la Seguridad Social pueda pagar las pensiones que le corresponda durante ese periodo.

"La Seguridad Social tiene que hacer algunos retoques, sobre todo desde la perspectiva del destope. Si tanto hablamos de Europa y de cómo se mantienen los sistemas europeos, somos el país de la Unión Europea que tiene el tope más bajo, pero con grandísima diferencia", adelantaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en declaraciones a La Sexta.

Por su parte, la base mínima de cotización queda definida por el Salario Mínimo Interprofesional, así que si éste se sube también subirá la base mínima y crecerán los ingresos de la Seguridad Social, aunque en menor medida al tratarse de cuantías más bajas.

La subida que se está estudiando de la base máxima no será muy pronunciada, lo que podría facilitar el acuerdo con sindicatos y patronal a lo largo de 2022. El Ejecutivo no quiere que todo el peso del aumento del gasto recaiga en los trabajadores, de ahí que plantea un mecanismo adicional para que los propios pensionistas también asuman parte del ajuste.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la segunda palanca

Así, además de subir las bases, la segunda palanca en la que se quiere apoyar el Gobierno para poder sufragar el gasto de las pensiones de los babyboomers es la creación del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un instrumento que sustituirá al Factor de Sostenibilidad y que supondrá un leve ajuste para las pensiones de esa generación.

Según avanzó Escrivá en TVE en unas declaraciones no exentas de polémica, los pensionistas de esa generación podrán elegir entre alargar un poco su vida laboral -unos meses- o bien cobrar algo menos de pensión.

El ministro adelantó esta posibilidad el mismo día en que el Ejecutivo firmaba con los agentes sociales el acuerdo para sacar adelante el primer paquete de la reforma de las pensiones, que principalmente revaloriza las pensiones con la inflación y aprueba incentivos y desincentivos para acercar la edad real de jubilación a la edad legal.

Y los números no salen ni con el destope. Suponiendo que haya 300.000 personas en España con sueldos superiores a los 48.800 euros de bases máximas que tenemos ahora:

Para la media (100.000 euros de sueldo), que aunque haya muchos que ganen 60.000 euros de sueldo, hay pocos que ganan varios millones (ejecutivos, futbolistas…), lo que una media de 100.000 euros de sueldo para ver el efecto es suficiente. Implica que tendrán que pagar 14.478 más de media entre la empresa y el trabajador, que si se multiplica por 300.000 personas, implicaría una mayor recaudación de 4.300 millones de euros, muy lejos del agujero actual de los 20.000 millones, y has provocado una estampida de ejecutivos fuera de España. Aunque para lo que hacen muchos de ellos, quizás es mejor así…

No saben cómo meterle mano al agujero que tienen. Todo el mundo que quiere jubilar, o prejubilar. Nadie quiere seguir currando…

Y lo peor son los mensajes, los globos sonda, como este que generan unas expectativas malas y un cambio constante en las condiciones…

Abrazos,

PD1: Rezar por alguien significa te amo, te quiero, te cuido.

30 junio 2021

la reforma de las pensiones no me gusta

No se han mojado en nada. Han indiciado las mismas al IPC a costa de que el agujero, enorme, lo paguemos con impuestos, en vez de buscar la autofinanciación de la Seguridad Social que era lo que se hacía siempre. Y eso a la espera de que nos jubilemos los del baby boom. Es un imposible, y las generaciones que siguen tendrán que pagar y pagar las alegrías de ahora… Es la mayor injusticia intergeneracional de nunca…. Pero nadie protesta, es un trágala total. No se han atrevido a tocarlas por miedo a perder votos. Siempre la política, nunca el sentido común…

Una contrarreforma incompleta, arriesgada e injusta

La única lógica detrás de esta contrarreforma no es económica, sino política: a saber, el poder electoral de los pensionistas

La primera parte de la contrarreforma de las pensiones que ha diseñado el Gobierno puede resumirse en tres puntos: derogación formal de la reforma de 2013, incentivos al alargamiento voluntario de la edad de jubilación y la financiación de parte de los gastos de la Seguridad Social mediante impuestos.

En primer lugar, la derogación formal de la reforma del año 2013. ¿Por qué derogación formal? Porque materialmente ya había sido derogada desde hacía años: el factor de sostenibilidad de las pensiones todavía no ha entrado en vigor (pese a que tenía que hacerlo en 2019) y las pensiones se han revalorizado por encima del 0,25% que marcaba el índice de revalorización desde 2018 (todavía con el PP en el poder). Por consiguiente, con esta parte de la contrarreforma, los pensionistas actuales no notarán cambio alguno con respecto a lo vivido durante los últimos años.

Cuestión distinta, claro, es lo que vaya a suceder con los pensionistas futuros. Reindexar las pensiones al IPC durante tres décadas supondrá un incremento del gasto público anual en pensiones equivalente a cuatro puntos del PIB en el año 2050; si a ello le sumamos la abrogación del factor de sostenibilidad (que el Gobierno promete reemplazar por algún otro tijeretazo en una segunda fase de la reforma, lo cual todavía está por ver), nos vamos a un incremento de casi cinco puntos. ¿Cómo pagar todo ese gigantesco agujero?

Pues no está ni mucho menos claro. Y es que, en segundo lugar, los incentivos a retrasar la edad de jubilación que contempla la contrarreforma del Gobierno apenas contribuirán a reducir el gasto de 2050 en alrededor del 1% del PIB… en el mejor de los casos. Eso significa que, si no hay reemplazo del factor de sostenibilidad, quedará un agujero de unos cuatro puntos de PIB por cubrir en 2050; y si hay reemplazo, unos tres puntos de PIB. En este sentido, el ministerio lo fía todo a una fuerte entrada de inmigrantes durante las próximas décadas (10 millones de personas), la cual permitiría reducir el gasto en 2,5-3 puntos de PIB en 2050 (a través del aumento del PIB, puesto que el número de pensionistas no se vería influido por la inmigración). O, dicho de otro modo, el Gobierno espera costear la reindexación de las pensiones al IPC con los incentivos al retraso voluntario de la edad de jubilación más la entrada de hasta 10 millones de inmigrantes.

Si este último fuera el caso (algo ya de por sí muy improbable), el único déficit que restaría por cubrir es aproximadamente el déficit actual de unos dos puntos de PIB: el cual el Gobierno espera fulminar traspasando gastos presuntamente impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Esta es, de hecho, la tercera pata de la reforma: financiar el déficit actual con cargo a impuestos bajo el argumento de que se trata de un desequilibrio provocado por gastos que no deberían ser sufragados por la Seguridad Social.

Dejando de lado que algunos de esos gastos sí son propios de la Seguridad Social (por ejemplo, los 3.000 millones de euros anuales que cuestan las pensiones contributivas por nacimiento y cuidado de hijos; o los 4.000 millones anuales que se requieren para los costes de funcionamiento), lo cierto es que trasladar gastos desde una Administración (Seguridad Social) a otra (Administración central) no reduce el déficit conjunto del Estado, sino que únicamente lo redistribuye entre sus distintas ramas. La cuestión pasa a ser, entonces, la de cómo hacer frente a esos 23.000 millones de euros anuales que representa el déficit actual de la Seguridad Social: qué impuestos específicamente incrementaremos para acabar con ese agujero financiero que solo ha cambiado de lugar.

Ahora bien, subamos los impuestos que subamos, lo cierto es que con esta fórmula solo estaremos reduciendo la contributividad de la Seguridad Social. En la medida en que el pago de esos 23.000 millones de euros termine recayendo, directa o indirectamente, sobre los hombros de los trabajadores (subida del IRPF, subida del IVA o incluso subida de sociedades), esos trabajadores estarán contribuyendo al mantenimiento de gastos que hasta ahora eran imputables a la Seguridad Social, pero sin devengar a partir de ahora ningún derecho futuro contra la Seguridad Social. Nótese que si esos desembolsos se hubieran mantenido dentro de la Seguridad Social y se hubiesen financiado con nuevas cotizaciones sociales, al menos los trabajadores habrían adquirido el derecho a una mayor pensión futura: pero, ahora, ni eso. Pagar más y cobrar menos.

En definitiva, el Gobierno ha aprobado una contrarreforma de las pensiones inacabada (incluso según los propios términos del Ejecutivo hará falta una segunda vuelta de tuerca donde se reemplace el actual factor de sostenibilidad por otro tipo de recorte), que nos expone a un muy grave riesgo de sostenibilidad financiera futura (si no llegan 10 millones de inmigrantes a lo largo de los próximos 30 años, la sobreacumulación de deuda pública nos abocará a la suspensión de pagos) y que, para más inri, es del todo inequitativa intergeneracionalmente (los jóvenes pagarán muchos más impuestos sin obtener a cambio contraprestaciones en forma de pensiones futuras). La única lógica detrás de este movimiento no es económica, sino política: a saber, el poder electoral de los pensionistas. 10 millones de votos son los que en última instancia justifican desequilibrar financieramente el sistema cargando sus sobrecostes sobre las generaciones más jóvenes.

Abrazos,

PD1: Ayer fue San Pedro y San Pablo. Se me pasó escribir de ellos. Son lo mejor de lo mejor. Pedro, un simple pescador que fue capaz de negar al Señor, fue el apóstol entre los judíos, llegando hasta Roma donde murió mártir como Jesús. Pablo, convertido, como muchos de nosotros, fue el apóstol de los gentiles. Viajó y viajó y propago la Buena Nueva, el mensaje de Amor… Nosotros, debemos ser apóstoles como ellos, profetas de nuestro tiempo. El Papa dijo ayer:

“Como Pedro estamos llamados a liberarnos de la sensación de derrota ante nuestra pesca, a veces infructuosa; a liberarnos del miedo que nos inmoviliza y nos hace temerosos, encerrándonos en nuestras seguridades y quitándonos la valentía de la profecía”.

31 mayo 2021

la población activa no podrá con los mayores...

No hay nacimientos apenas. Todo el baby boom se jubilará. Y los que trabajen tendrán que soportar a todos los mayores… Es un imposible. Mira como es la estructura actual de trabajadores y pensionistas y la que se estima para 2050:

Por eso la Unión Europea nos pide meterle mano ya al sistema de pensiones… Cada año que tarden en hacerlo será un drama. Y no lo quieren hacer porque, como todos sabemos, se pierden votos…

El BdE avisa: en 2050, por cada dos mayores de 65 años habrá solo tres personas activas

"NUNCA HEMOS VIVIDO ESTA ACELERACIÓN"

Dice que España experimentará el mayor aumento de la tasa dependencia en Europa y el envejecimiento será el mayor reto de índole económica

El director general de Economía y Estadística del Banco de EspañaÓscar Arce, ha advertido este jueves de que España experimentará en los próximos años el mayor aumento de la tasa de dependencia en Europa, de tal manera que por cada tres personas en edad de trabajar en 2050, habrá casi dos mayores de 65 años.

Así lo ha asegurado durante la sesión inaugural del 'I Foro de Envejecimiento Edad&Vida: Repercusiones del envejecimiento en la economía española', organizado por la Fundación Edad&Vida.

En concreto, entre 2010 y 2060 se producirá un aumento de 34 puntos porcentuales en la tasa de dependencia, por lo que se triplicará hasta situarse casi en el 60%, es decir, dos personas mayores de 65 años por cada tres en edad de trabajar. Como comparativa, entre 1960 y 2010 se produjo un aumento de 12 puntos porcentuales.

"Nunca hemos vivido una aceleración en la tasa de dependencia de ese tipo", ha indicado Arce tras explicar que esto se debe a la alta esperanza de vida, la baja natalidad, y también al efecto "temporal" del flujo de los 'baby boomers' durante los próximos años.

El envejecimiento de la población es un reto social y económico de "primera magnitud" y el más importante a medio plazo al que se enfrenta España. Esto se debe, según Arce, a que esta cuestión tendrá su efecto en el consumo, la inversión, el empleo, la productividad, los salarios y precios y también al manejo de las políticas monetaria y fiscal.

"El envejecimiento va a afectar de manera relevante y directa a los indicadores económicos. Los cambios demográficos tienen consecuencias importantes", ha alertado Arce.

Según el Banco de España, el envejecimiento podría tener un efecto considerable negativo sobre el crecimiento potencial, que se asocia a menores tasas de empleo e innovación, así como en lo referido a que las habilidades cognitivas necesarias para el uso de las nuevas tecnologías están menos presentes en los trabajadores de más edad.

Ante esto, Arce ha instado a "actuar sin dilación" frente a retos significativos a los que se enfrenta el orden social y económico por el importante aumento de la esperanza de vida y de la inversión de la pirámide demográfica. "Los retos económicos del envejecimiento no pueden subestimarse", ha remarcado.

Aumento del gasto

Según ha advertido Arce, el gasto en pensiones aumentará significativamente si se mantienen los determinantes del sistema actual. En concreto, la evolución demográfica implicaría un aumento del gasto en pensiones de entre 4,7 y 12,2 puntos porcentuales de PIB en 2050.

"La disyuntiva entre tasa de beneficio y contribuciones al sistema de pensiones será más desfavorable que en el pasado", ha alertado el director general de Economía y Estadística.

Además, de acuerdo con el 'Informe sobre Envejecimiento de la Comisión Europea', el gasto en sanidad y cuidados de larga duración aumentará casi dos puntos porcentuales de PIB en 2019-2050, que es una cantidad "considerable", pero no será la más alta de Europa.

Más ahorro

Según ha indicado el director general de Economía y Estadística, el proceso de transición hacia una sociedad más envejecida alterará la evolución del ahorro agregado y la inversión, así como la composición de las carteras de activos.

Así, prevé que habrá un aumento de la tasa de ahorro debido a la mayor longevidad e incertidumbre sobre prestaciones futuras, al tiempo que se registrará una disminución del ahorro por una mayor propensión a consumir de los mayores, con efecto neto incierto.

En este sentido, Arce ha señalado que podría aumentar la demanda de activos financieros que transformen activos ilíquidos, como las viviendas en propiedad en flujos vitalicios de renta.

Más tiempo en la empleabilidad

Arce ha destacado durante su intervención la importancia de la formación de los mayores para la adopción de los nuevos desarrollos tecnológicos y el mantenimiento y aumento de la empleabilidad.

Y es que, según ha alertado, la formación en el trabajo decrece con la edad y la diferencia con respecto a la UEM se amplía en los trabajadores más mayores, así como el uso de tecnologías digitales también muestra acusadas diferencias intergeneracionales.

"En España se invierte poco en formación y mucho menos en la formación de trabajadores de más edad", ha criticado, tras lo que ha insistido en la necesidad de invertir en el "reciclaje y formación continua" de los trabajadores de mayor edad para mantenerlo durante más tiempo en situación de empleabilidad.

Arce ha explicado que estos trabajadores, con los años, ganan en áreas como la planificación, destacando este tipo de ventajas comparativas para la realización de determinadas labores.

La esperanza de vida en el covid

Según ha alertado Óscar Arce, existe ahora mismo una alta incertidumbre sobre el efecto a medio plazo de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística estima que el número de nacimientos cayó un 20% en diciembre y enero pasados, un 8% en febrero, y rebotó en marzo (+2,5%).

No obstante, la esperanza de vida al nacer habría caído casi un año en 2020, además de detectarse deterioros en el nivel de bienestar emocional respecto al nivel prepandemia.

En concreto, esto se detecta principalmente por la incertidumbre sobre el futuro y en mayor medida en los mayores con respecto a los más jóvenes, según ha explicado Arce.

Políticas natalistas

De su lado, el demógrafo del CSIC, Julio Pérez, que también ha participado en la jornada de este jueves, cree que las políticas natalistas que prevén ayudas directas a las familias no consiguen elevar el número de hijos, sino que se suelen destinar a aumentar el nivel de vida del núcleo familiar.

Según ha explicado Pérez, actualmente la proporción de mayores ronda el 20%, superior a la de los niños, un porcentaje que crecerá en los próximos años hasta un 30%.

Ante esto, el demógrafo del CSIC cree que con la perspectiva de este cambio estructural es "lógico" que se levanten ciertos miedos, pero opina que la solución no es revertir este proceso, ni fomentar una mayor natalidad. "Las recetas para elevar la natalidad se han demostrado inútiles una y otra vez", ha señalado.

Abrazos,

PD1: Ya tengo foto de la ordenación:

Mis 9 hijos, mis nueras y yernos, mis nietos y mi suegra. Felicidad total…

13 abril 2021

habrá que reformar el sistema de pensiones...

Parece ser que se han puesto a ver si las arreglan. No están haciendo la reforma drástica que se necesita, sino parcheos de poca monta… Quieren dar ayudas a los que tienen 64,5 años para que se jubilen a los 66,5 años que es cuando les toca. Pero si les damos 12.000 euros para que se jubilen a su edad legal, no nos ahorramos nada…

Y tiene mucha ideología lo de la revalorización. Ahora que viene la inflación, volver a ligarlo todo a la inflación es temeroso. Imagínate que nos subimos a una inflación del 4%, que es bastante probable, como tengamos que subir las pensiones a ese ritmo, sería un imposible…

Meterle mano a las pensiones tiene que ver con la pirámide de la población española:

Cuando se jubilen los del baby boom, hay un vacío, ya que detrás hay muy pocos que tendrán que pagarnos la pensión… Este es el problema…

Les cuesta hacer nada. La famosa reforma fiscal ya la han pospuesto para dentro de un año. Y la reforma de las pensiones, o estos parches que no sirven para nada, ¿cuándo verán la luz? Tocar las pensiones resta votos y no compensa. Este es el verdadero motivo de la inacción de todos los políticos…

'Va a ser inevitable una reforma importante para adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica'

JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ / SUBDIRECTOR DE FEDEA (FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA APLICADA)

Conde-Ruiz destaca, en esta entrevista, que “el gran problema del Pacto de Toledo es que en él no están las generaciones del futuro”

 

Pregunta.- España atraviesa, como expresan en un documento que acaban de presentar desde Fedea, un proceso de envejecimiento, pero ya no se trata de un reto pendiente de abordar, como se vislumbraba hace unas décadas, puesto que el envejecimiento es, ya, una realidad. ¿Qué le está sucediendo actualmente a nuestra pirámide poblacional?

Respuesta.- Lo que estamos viendo es que el proceso de envejecimiento en España va a ser mucho más intenso con respecto a otros países en las próximas décadas. Tres factores están detrás de ello.  En primer lugar, tenemos una mayor esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años.  En segundo lugar, España tiene una de las tasas de fecundidad  más bajas de los países desarrollados, con 1,23 hijos por mujer en edad fértil. Esta bajísima tasa de fecundidad se explica por la precariedad laboral que dificulta la emancipación de los jóvenes. Seguramente, estos datos habrán empeorado en este año de pandemia. Y en tercer lugar, el proceso de envejecimiento en España avanza con cierto retraso respecto a otros países industrializados. Este retraso se explica no solo porque las generaciones más numerosas, los llamados babyboomers, surgieron más tarde en nuestro país, sino también por el intenso proceso inmigratorio que se produjo en España en la primera década del siglo XXI y que supuso el rejuvenecimiento de la población española.

P.- ¿Cuáles son las previsiones de Fedea sobre cómo evolucionará la ‘pirámide’ en los próximos años?

R.- Sin lugar a duda, España tenga una de las tasas de dependencia más elevadas del mundo. La tasa de dependencia es la ratio entre la población mayor de 67 años y la población en edad de trabajar (16-66 años). España empezó el siglo XXI siendo uno de los países industrializados más jóvenes gracias en parte al fenómeno migratorio, pero llegará al año 2050 siendo uno de los países más envejecidos. En concreto, analizando las tres proyecciones demográficas a largo plazo más solventes para España (INE (2020-2070), AIReF (2020-2050) y Eurostat (2020-2100)) vemos cómo la tasa de dependencia prácticamente se va a multiplicar por dos en las próximas tres décadas.

P.- Una de las cuestiones que atañe a este envejecimiento es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tal y como está concebido el sistema actualmente, ¿diría que están garantizadas las pensiones o, por el contrario, sería necesario reformular nuestro modelo de manera integral o parcial?

R.- En mi opinión, va a ser inevitable una reforma importante para adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica. Y cuanto antes se haga menos drástica será

P.- Es decir, ¿está España a tiempo de asegurar las pensiones y que, por tanto, deje de hablarse de ellas como un problema a resolver?

R.- Por supuesto, si otros países han sido capaces, España también puede. El problema es que es muy impopular políticamente y los políticos prefieren hacer lo memos posible. Pero el margen de maniobra se esta acortando, pues en cinco años empiezan a jubilarse las generaciones del baby boom y el desajuste entre ingresos y gastos será mucho mayor. 

P.- Usted aludía recientemente a dos cuestiones que deberían diferenciarse: la suficiencia y la sostenibilidad de las pensiones. Teniendo en cuenta la coexistencia de ambas, ¿le parecen realistas los últimos acuerdos alcanzados en el seno del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones?

R.- El Pacto de Toledo se ha puesto de acuerdo en algo razonable desde el punto de vista de la suficiencia, como es evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo de forma continuada. Pero no ha realizado el esfuerzo de buscar cómo hacer que eso se pueda sostener en el tiempo desde el punto de vista financiero o de la sostenibilidad. Al Pacto de Toledo tenemos que exigirle que busquen otro consenso con medidas para hacer sostenible el sistema. Pero, para hacerlo sostenible, no solo para los próximos años, sino para las próximas décadas. El gran problema del Pacto de Toledo es que en él no están las generaciones del futuro. No nos olvidemos de que el sistema de pensiones de reparto se sustenta en un contrato entre generaciones, y en el Pacto de Toledo no está la siguiente generación, que es la que tiene que pagar las pensiones a los actuales trabajadores. Pero que nadie se engañe, no hay suficiencia sin sostenibilidad. 

P.- ¿Qué opinión le merece una medida como es la penalización de la jubilación anticipada de cara a reducir el gasto en materia de pensiones?

R.- Me parece una buena medida. Hay que conseguir que la edad efectiva de jubilación se acerque lo más posible a la edad legal de jubilación, que hoy esta en los 66 años pero llegará, gracias a la reforma de 2011, a los 67 años en 2027. Pero, claro al mismo tiempo hay que asegurarse de que las empresas no están discriminando a los trabajadores por edad. Tiene que haber un cambio de cultura empresarial, y que dejen de ver a los trabajadores mayores como una lacra para el empleo y a su vez, los trabajadores, tienen que reciclarse y adaptarse a los cambios para que sus habilidades no se vuelvan obsoletas y caiga su productividad. 

P.- Continuando con este tema, hizo alusión a un concepto como la jubilación demorada: ¿de qué manera podría incentivarse en España esta práctica que, además, permitiría el mantenimiento de la experiencia laboral de los senior que lo deseen durante más tiempo?

R.- El sistema y la legislación esta pensado para otros tiempos, con otra demografía y se ponen trabas a poder trabajar más allá de la edad legal. Si uno lo mira en detalle todo son problemas. Como he dicho antes, la demografía ha cambiado y esto tiene que cambiar. Se tiene que facilitar el poder trabajar más allá de la edad legal, pero sobre todo poder compatibilizar el trabajo con la pensión. Desde mi punto de vista, no tiene sentido que un trabajador se vaya a la cama habiendo trabajado 40 horas a la semana y se levante sin poder trabajar una hora. En el futuro, el trabajador podrá ir reduciendo gradualmente las horas trabajadas y complementando salario y pensión. Esta es la única forma de poder adaptar el sistema a la nueva demografía. Pero, por supuesto este esquema no se aplicará a todos los trabajadores, ni a todas las profesiones. Solo, aquellos con salud suficiente  y que así lo deseen podrán hacerlo. Y solo en aquellas profesiones donde no corran riesgo los trabajadores tendrán esta posibilidad. Para el resto la pensión debe ser suficiente para poder vivir con normalidad.

P.- Es inevitable hablar de los efectos de la crisis de la Covid sobre nuestra economía. ¿Ha tenido la pandemia, y tendrá, consecuencias sobre las pensiones? 

R.- Los problemas de sostenibilidad de las pensiones y existían antes de la aparición de la Covid-19. Pero es cierto que cuentas publicas van a salir muy deterioradas. No podemos olvidar que la política fiscal expansiva (con déficits públicos de 2 dígitos) ha evitado que veamos lo peor en términos económicos de la crisis. Habiendo caído el PIB en 2020 un 11%, la mayor caída del PIB en tiempos de paz, sin esta política fiscal la caída del PIB hubiera superado con creces el 20%. Luego, saldremos de la crisis de la Covid-19, mucho mas endeudados, con una deuda pública del 120% del PIB. Y esto, ha reducido claramente el margen de maniobra para hacer reformas y adaptar el sistema a la nueva realidad demográfica.

P.- Si algo ha desencadenado la pandemia, es la urgencia en la toma de decisiones y acuerdos para adaptarse al nuevo escenario que vivimos. ¿Cuáles deberían ser las prioridades, en su opinión, para abordar con urgencia en el seno del Pacto de Toledo?

R.- Lo principal es conseguir un gran Pacto Nacional por las Pensiones. Sin un gran pacto de consenso veo muy difícil a un gobierno, sea del signo que sea, asumiendo el coste político de la reforma que necesita nuestro sistema de pensiones. En mi opinión, la mejor forma conseguir aunar la suficiencia y la sostenibilidad es introducir una reforma con los siguientes tres elementos, que tendrán efectos distributivos distintos para cada generación. 

En primer lugar, la reforma debería afectar lo menos posible a los actuales jubilados por dos motivos. Los jubilados, ya no tienen capacidad para adaptar sus decisiones de ahorro y empleo a los cambios en el sistema de pensiones. Y seria injusto. 

En segundo lugar, transformar nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales, donde la pensión que percibe el trabajador será menos generosa que la que percibe actualmente, en el momento del alta. El nuevo sistema de cuentas nocionales, debe ser muy flexible y permitir de una forma justa y transparente que los trabajadores, que lo deseen, alarguen su etapa laboral, y así evitar la caída en su pensión inicial. 

En tercer lugar, en el periodo transitorio hasta que un porcentaje suficientemente alto de las nuevas jubilaciones vengan del nuevo sistema de cuentas nocionales, será necesario dotar de más ingresos al sistema. 

Abrazos,

PD1: El paso de la vida nos envejece el cuerpo. Si vivimos sin amor ni alegría nos envejece el corazón. No debemos dejar que esto nos pase a nosotros. Que nuestra apariencia sea cada año de más mayores, pero que mantengamos un corazón enamorado, y derrochemos alegría por donde vayamos…

17 noviembre 2020

reforma de las pensiones

No sé si debe reformar las pensiones justo ahora en medio de una crisis. Antes no lo han querido hacer ya que perdían votos. Ahora, que los votos importan menos ya que gobiernan sin ellos, quizás se atrevan. Lo que es una indecencia es que se quiera ligar al IPC, que siendo éste negativo, se suban las pensiones lo que les de la gana…

La deuda de la Seguridad Social supera los 72.000 millones y obliga a reformar las pensiones

Ha aumentado un 322% en los últimos cinco años

La Seguridad Social acumula un volumen de deuda sin precedentes que asciende a 72.604,5 millones de euros, aproximadamente un 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cantidad ingente de deuda seguirá aumentando, lo que convierte en prioritario ejecutar una reforma del sistema de pensiones públicas, gasto principal de la Seguridad Social. 

Subir las pensiones con estimaciones de IPC erróneas ha costado 3.300 millones en dos años

Los préstamos del Estado que en los últimos años ha ido necesitando la Seguridad Social para poder afrontar sus gastos corrientes han disparado los niveles de deuda, que se mantuvieron durante décadas estables en torno a los 17.000 millones. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró con que no había dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas. 

A ese primer préstamo que tuvo que aprobar el Ejecutivo entonces le siguieron otros y la deuda pasó de 23.157 millones de euros en julio de ese ejercicio a 27.363,7 al cierre -tras el correspondiente préstamo para la extra de Navidad-, y así sucesivamente hasta alcanzar los 41.194,14 millones al término de 2018. 

La subida de las pensiones que se aprobó para 2019, el efecto sustitución (que las nuevas pensiones que se dan de alta son más elevadas que las que se dan de baja) y el envejecimiento de la población -con el consiguiente aumento del número de pensiones abonadas por el sistema- provocaron que la deuda creciera un 34% ese año, hasta los 55.024,16 millones. 

El coronavirus tensiona más las cuentas

A este escenario ya inquietante se ha sumado este año la crisis del coronavirus y el enorme esfuerzo adicional que ha tenido que afrontar la Seguridad Social, al abonar prestaciones de incapacidad temporal (para enfermos de covid-19 y personas en cuarentena), pagar el Ingreso Mínimo Vital y renunciar a importantes ingresos por cotizaciones sociales de todos los trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de autónomos en cese de actividad.

Al tiempo que soportaba la caída de ingresos vía cotizaciones sociales por el aumento del desempleo y la caída de la contratación.

La combinación de todos esos factores, así como el aumento de gasto por aumentar la baja por paternidad, ha hecho necesarios nuevos desembolsos por parte del Estado, que han elevado la deuda hasta el récord de 72.604,5 millones, según los últimos datos disponibles del Banco de España de cierre de agosto. 

"La sostenibilidad futura del sistema continúa agravándose. Entre 2009 y 2019, los gastos no financieros del sistema han crecido a un ritmo medio anual del 3%, 2,3 puntos porcentuales por encima de los ingresos, que sólo han avanzado un 1,7%. El nivel de deuda con el Estado superará los 99.000 millones de euros en 2020 (8,9% del PIB), una carga que se ha de afrontar en el medio plazo", apunta el Círculo de Empresarios en su último informe.

La deuda pasará del 9% al 56% del PIB en 2050

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que hasta 2050 el gasto estructural del sistema aumentará 3,3 puntos del PIB en su escenario central, situándose su nivel de deuda en un 56,3% del PIB, lo que tendrá "graves consecuencias en la cohesión social".

El Círculo explica que, después de cerrar 2019 con un déficit del 1,2% del PIB, "el incremento de gastos necesario para paliar los efectos de la pandemia en familias y empresas ampliará el saldo negativo de la Seguridad Social hasta aproximadamente el 4,1% del PIB en 2020".

Aunque en 2021, el Gobierno prevé que éste se reduzca hasta el 3%, será la Administración Central la que asumirá parte del mismo, lo que seguirá engordando la deuda de la Seguridad Social. 

La situación financiera del sistema hace imprescindible que el Gobierno legisle cuanto antes en base a las recomendaciones que ha conseguido cerrar el Pacto de Toledo para poder así garantizar que se empieza a trabajar cuanto antes en la sostenibilidad de la Seguridad Social y para tranquilizar a la clase trabajadora, que contribuye con cotizaciones pero teme que no podrá cobrar pensión pública cuando se jubile. 

Según un informe divulgado este mismo lunes por ING, 'Tendencias clave de los españoles ante la jubilación', un 75% está preocupado por el sistema público de pensiones y un 90% piensa que no la cobrará o que será insuficiente para garantizar su nivel de vida.

Abrazos,

PD1: Como decía el Padre Pio "Ora, ten fe y no te preocupes"…

20 mayo 2020

se pagarán las pensiones futuras???

¿Cómo se podrán pagar las pensiones los próximos años? Esta es una de las primeras preocupaciones que tendremos todos cuando veamos que meten tijera a saco a todos los gastos, que lo tienen que meter sí o sí, antes o después…

Pensiones en el post-COVID19

José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz)
España está siendo fuertemente golpeada por la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Son varias las características que hacen que el impacto sobre nuestra economía vaya a ser mayor que en otros países: un sector asociado al turismo con mayor peso en el PIB, un tejido empresarial con mayor porcentaje de PYMEs y por lo tanto con mayores dificultades para acceder a financiación y un mercado laboral muy precario donde muchos trabajadores temporales o se han ido ya al desempleo o, muy probablemente, no van a ser contratados en la campaña turística. Pero, sobre todo, también agrava dicho impacto una situación fiscal previa a la aparición de la COVID-19 muy deteriorada.
En efecto, España se enfrenta a esta crisis sanitaria sin haber resuelto la crisis fiscal generada en 2008. Un análisis detallado (como hicimos en este post) del déficit estructural, es decir el déficit que tendríamos si la economía funcionará a pleno rendimiento, nos muestra que, desde el año 2014, este no ha parado de aumentar. Podemos decir que desde el año 2014, sea quien sea el partido en el gobierno, ninguno se ha tomado en serio la consolidación fiscal o la reducción del déficit. Ya sea por implementar una bajada de los impuestos de forma estructural sin acompañarlo con bajadas correspondientes del gasto o por aumentar el gasto de forma permanente sin acompañarlo de subidas de los ingresos, lo cierto es que nuestro déficit estructural no ha parado de crecer desde 2014. Para entender la importancia de la disciplina fiscal, basta comprobar que si hubiéramos sido capaces de mantener el saldo estructural primario del año 2014 hasta hoy (bajo la hipótesis de que el crecimiento del PIB hubiera sido el mismo), tendríamos casi 13 puntos de PIB menos de deuda pública (ver aquí) que nos hubiera permitido tener un mayor margen fiscal para afrontar esta pandemia.
Enfrentar una pandemia con una situación fiscal deteriorada y con un fuerte impacto sobre el crecimiento económico va a llevar nuestras cuentas publicas a niveles de déficit y de deuda pública históricamente altos. Es normal que, ante este panorama, surjan todo tipo de temores y rumores, entre los que destaca un rescate total o parcial de la economía que obligue entre otras cosas a bajar las pensiones. Todavía está reciente en la memoria el mes de mayo del año 2010, cuando las presiones de los organismos internacionales llevaron a España a congelar las pensiones y bajar el sueldo de los funcionarios públicos para conseguir relajar las tensiones sobre nuestra prima de riesgo. Evidentemente no tengo una bola de cristal y, por lo tanto, no puedo saber lo que va a pasar. Tengo la esperanza de que la gestión internacional de esta crisis sea ahora diferente por varios motivos. En primer lugar, porque esta crisis, a diferencia de la del 2008, no ha sido causada por culpa de los desequilibrios económicos de los propios países. En segundo lugar, porque siendo una crisis simétrica en el origen, los virus no conocen de fronteras, el impacto económico esta siendo asimétrico, afectando con mayor intensidad a las economías donde tienen mas peso las actividades más afectadas por el virus, como por ejemplo la hostelería o el turismo. Por ello, los problemas de riesgo moral que generaría cualquier tipo solidaridad fiscal entre países y especifica al COVID-19 serían de segundo orden. De hecho, tanto el BCE como la UE están actuando con mayor contundencia que en la anterior crisis.
En el supuesto razonable de que continúen las compras de deuda pública masivas por parte del BCE, se desplieguen los fondos del nuevo programa MEDE sin el estigma de la condicionalidad o del SURE y se repartan los recursos del Fondo de Reconstrucción propuesto por España, que parece está a punto de implementarse, todo ello solo conseguiría que pudiéramos hacer frente a nuestras obligaciones fiscales derivadas de la COVID-19. En ningún caso, estos mecanismos nos van a ayudar a corregir los desequilibrios fiscales que ya teníamos antes de que esta terrible pandemia paralizara la economía global. Entre estos desequilibrios pendientes, probablemente el más preocupante sea el de las pensiones.
El reto que el sistema de pensiones tiene por delante es encontrar el consenso para implementar las medidas necesarias para hacer compatible que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y al mismo tiempo que el sistema sea sostenible (o cumpla su restricción presupuestaria inter-temporal). Esto es algo que teníamos que haber hecho antes de la pandemia y con mayor motivo habrá que hacer cuando recuperemos la normalidad. A la hora de buscar este consenso, es importante tener en cuenta el orden de magnitud del que estamos hablando. Si volvemos a actualizar las pensiones con el IPC, el desajuste entre ingresos y gastos será tan grande en las próximas décadas -entre 4 y 6 puntos de PIB según el escenario demográfico que usemos (ver siguiente tabla)- que será necesario conseguir un gran pacto nacional por las pensiones entre las principales fuerzas políticas, para actuar en las siguientes tres dimensiones, que tendrán implicaciones diferentes en las distintas generaciones.
Fuente: Conde-Ruiz (2020)
En primer lugar, la reforma debería afectar lo menos posible a los actuales jubilados pues estos, ya no tienen capacidad para adaptar sus decisiones de ahorro y empleo a los cambios en el sistema de pensiones. Y seria injusto, y seguramente ineficiente, cambiarles drásticamente, y en mitad de su etapa de jubilación, su pensión.
En segundo lugar, transformar nuestro sistema de pensiones a uno de cuentas nocionales, donde la pensión que percibirá el trabajador en el futuro sea menos generosa que la que percibe actualmente, en el momento del alta. Este nuevo sistema más sostenible debería entrar en vigor para los trabajadores menores de una determinada edad. Los trabajadores, por encima de esta edad, podrán tener libertad para elegir si quieren que se les calcule la pensión con el viejo sistema o con el nuevo. El nuevo sistema de cuentas nocionales, debe ser muy flexible y permitir de una forma justa y transparente que los trabajadores, que lo deseen, alarguen su etapa laboral, y así evitar la caída en su pensión inicial. Evidentemente cuanto más retrasemos la reforma, más injusta será pues afectará a trabajadores mas cerca de la edad de jubilación. Además, para preservar el grado de redistribución intrageneracional del sistema de pensiones actual, el nuevo sistema de cuentas nocionales, también debería contar con una pensión mínima y máxima.
En tercer lugar, en el periodo transitorio hasta que un porcentaje suficientemente alto de las nuevas jubilaciones vengan del nuevo sistema de cuentas nocionales, será necesario dotar de más ingresos al sistema. O, dicho de otra forma, dotar al sistema de mas ingresos, de forma transitoria, para ayudar a financiar la jubilación de los “babyboomers”. Una forma de justificar el uso de ingresos públicos, no provenientes de las cotizaciones y no afectar a la naturaleza contributiva del sistema, es hacerlo como compensación por los años donde las cotizaciones social de los trabajadores financiaron la sanidad pública en España.
En definitiva, ante la crisis de deuda del año 2010, la presión internacional en un primer momento optó por exigir la congelación las pensiones, pero enseguida empezó a reclamar reformar el sistema alargando la edad de jubilación hasta los 67 años. Reformar un sistema de pensiones para hacerlo sostenible, mejora la solvencia de las finanzas públicas de un país sin necesidad de afectar al gasto presente. Como sabemos las pensiones constituyen una institución intergeneracional y aliviando el gasto futuro para hacer el sistema consistente con la nueva longevidad, puede evitar algunos recortes actuales y mejorar la solvencia financiera del país. En 2010 la deuda pública era de poco más del 60% del PIB, mientras que en el mejor de los casos este año terminaremos con un nivel de deuda del 120%, el doble. Desconozco lo que sucederá en esta ocasión, pero confío en que las presiones internacionales sean para reformar el sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva realidad demográfica en la línea que he indicado anteriormente. Sin duda, es más justo reformar nuestro sistema de pensiones afectando a los futuros jubilados, en lugar de recortar las pensiones de forma generalizada como, por ejemplo hicieron Grecia o Portugal, eliminando las pagas extras, tras la crisis de 2008.
Abrazos,
PD1: No te he contado, hemos vuelto a ir a Misa cada día y ha sido muy emocionante volver a comulgar. Habíamos asistido a la Misa por Internet, pero no es lo mismo. Ahora, recibir al Señor sacramentalmente, es cuando recibimos las fuerzas de verdad… He dado muchas gracias por la buena familia que me ha concedido, por la salud, por habernos librado del confinamiento… Y he pedido para una pronta recuperación de la economía, que saque de la miseria a tantos. También, como todos los días, he pedido por las víctimas y sus familiares, para que consigan pronto el consuelo de saber que sus seres queridos puedan descansar en Paz.

24 enero 2020

pensiones en 2020

Así es como estamos:
Este 2020 se estrena con novedades en materia de pensiones. Hay aspectos previstos, como el aumento de la edad de jubilación o del período de cotización, y otros que se van a materializar en estas primeras semanas del año, como la revalorización de las pensiones del 0,9% prevista por el actual Gobierno.

Edad de jubilación

Como cada año desde 2011 hasta 2027, la edad de jubilación aumenta anualmente de forma progresiva. Este 2020 se podrán jubilar con 65 años de manera ordinaria –y sin penalización alguna– aquellos que tengan cotizados 37 años o más. En el caso de no tener 37 años cotizados, la edad de jubilación ascenderá a 65 años y 10 meses (65 años y 8 meses en 2019).

Revalorización de las pensiones

El Gobierno se comprometió a elevar este 2020 un 0,9% las pensiones conforme a la inflación para que no pierdan poder adquisitivo. De este modo se suspende el incremento mínimo del 0,25% previsto en el índice de revalorización para no tener que volver a subirlas en el futuro. La subida se aprobará previsiblemente en las primeras semanas del año, dado que ya se ha formado un Ejecutivo. En caso de retrasarse tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. El Banco de España ha desaconsejado actualizar con el IPC e insiste en hacer reformas "de calado".
La Seguridad Social arrastra hasta octubre de 2019 un déficit de 5.896 millones de euros y ha tenido que tirar de préstamos para abonar las pagas extra en diciembre, con una hucha de las pensiones en mínimos históricos y una factura mensual de 9.760 millones en prestaciones que no para de crecer. En España, según los datos del Gobierno, se pagan 9,8 millones de pensiones, con una media de 995 euros, que asciende a 1.143 euros si solo se miran las jubilaciones. El ritmo de aumento de nuevas pensiones ha caído en 2019 al 1%, el menor desde el mes de abril del 2018.

Nuevos parámetros para calcular la pensión

Lo que uno cobra de pensión de jubilación se calcula aplicando una serie de porcentajes a una base reguladora. Para este cálculo en 2020 se tendrán en cuenta los últimos 23 años cotizados inmediatamente anteriores al mes previo al momento de la jubilación. Dicho de otro modo, se calculará en base a los últimos 276 meses y se dividirá en 322. El resultado fijará la base reguladora de las 12 pagas ordinarias y las dos extraordinarias que recibirá la persona jubilada. La regla que indica que a los primeros 15 años se le aplica un porcentaje del 50% sigue vigente en 2020. Por otro lado, a partir de los 15 años los porcentajes cambian del siguiente modo: a cada mes adicional, entre los meses 1 y 106, al 50% se le añade un 0,21%; por otro lado, se le suma un 0,19% por cada uno de los 146 meses siguientes. Por esta razón, para poder cobrar el 100% de la pensión será necesario haber cotizado 36 años, cuando en el período 2013-2019 fueron 35 años y 6 meses.

Cuantías mínimas, a la espera de actualización

Si la pensión contributiva no alcanza un mínimo que se fija anualmente, el pensionista tiene derecho a recibir unos complementos. Es un derecho que reconoce la Ley de la Seguridad Social. El nuevo Gobierno previsiblemente fijará las nuevas cuantías en las primeras semanas del año. Hasta entonces prevalecen las fijadas en 2019.

Las novedades del último Real Decreto

A finales de 2019 el Ejecutivo, aún en funciones, aprobó el Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, donde destacaban los siguientes puntos:
+La subida de la base máxima de cotización, fijada en 4.070,10 €/mes, se mantiene.
+La base mínima aplicable con carácter general a los trabajadores autónomos sigue en 944,40 €/mes.
+Los tipos de cotización a partir del 1 de enero de 2020 son: contingencias comunes, 28,30%; contingencias profesionales, 1,1%; cese de actividad, 0,8%; y formación profesional, 0,1%.
Todos estos datos son susceptibles de experimentar transformaciones con el nuevo Gobierno en marcha.
Abrazos,
PD1: Ayer fue San Ildefonso. Nacido por el año 600, fue Obispo de Toledo, e hizo una defensa a ultranza de la virginidad de Maria. España, Tierra de María. Es en España el sitio donde más ermitas a la Virgen hay, en todos los pueblos… Incluso es donde se le llama "Virgen María". En otros países se le llama "Señora" (Madama, Notre Damme…) Y aquí hacemos referencia a su virginidad, ya que lo encontramos muy relevante…
Pues eso, que la Virgen María nos acompañe en nuestro camino de conversión. Es nuestra intercesora en el cielo.