¿Han caído demasiado los bancos?

Desde que se introdujo el tipo de interés negativos, la evolución de la banca europea ha sido desastrosa:

Aunque hay un exceso en las caídas bancarias. ¿Cómo es posible que la capitalización en bolsa de todo JP Morgan sea superior a la del conjunto de los 10 mayores bancos europeos?

Son muy grandes todos estos bancos europeos…

Los bancos españoles siguen hundidos:

Lo que parece barato puede que no lo esté tanto. Pregúntale a quién invirtió hace un año, o hace cinco o diez… Mientras tengamos tipos negativos, y eso se espera para los próximos 5 años, hay que seguir pasando. Y la mora, con la ralentización actual de la economía, va a acabar apareciendo de nuevo, lo que implica dotaciones y dotaciones…

Algo falla, aunque no seré yo quien recomiende invertir un euro en bancos, no todavía…

El desolado accionista de banca

Tras las fuertes caídas de las cotizaciones de los bancos en bolsa durante la semana es lógico preguntarse si no estará siendo una sobrerreacción de los inversores al preacuerdo de gobierno conocido esta semana.

Lo cierto es que los accionistas de los bancos tienen motivos para la preocupación. La cronificación del entorno de tipos de interés negativos y la expectativa generalizada de una desaceleración global del crecimiento económico complican de por sí el negocio bancario. La dificultad de traspasar los tipos negativos depósitos a la gran masa de depositantes se antoja políticamente insalvable en el nuevo entorno. En Portugal ya existe una ley que impide cobrar "intereses negativos" a los saldos inferiores a 100.000 ¤.

Si a lo anterior se suman los anuncios, de momento no materializados en normas, de un impuesto sobre las entidades financieras y una exigencia de hacerse cargo de las ayudas estatales a las entidades rescatadas, la preocupación tiene lógica.

A pesar de que reiteradamente se habla del "rescate bancario" en España, se debería hablar de rescate de cajas, no de bancos.

Conviene hacer un poco de historia. Hasta el inicio de la crisis financiera en 2008, España contaba con un sistema financiero dividido en dos bloques claramente diferenciados: los bancos y las cajas de ahorro. Los bancos, la inmensa mayoría de ellos cotizados en bolsa, cuentan con accionistas que han invertido y arriesgado su dinero en el capital del banco. Por el contrario, las cajas de ahorro eran entidades sin accionistas que, salvo excepciones, acabaron actuando como una banca pública más preocupada en la financiación de determinadas operaciones locales que en el mantenimiento de la solvencia de las entidades. Adicionalmente, realizaban una labor irremplazable en su zona de influencia a través de la Obra Social.

Pues bien, todas las ayudas financieras para la capitalización de entidades, sin excepción, fueron a parar a las antiguas cajas de ahorro, aunque algunas de ellas se habían transformado en banco por imperativo legal. El único banco que recibió ayudas financieras para su capitalización fue el Banco de Valencia, perteneciente a una caja de ahorro. Por tanto, sería mucho más exacto y justo hablar de "rescate de las cajas" o "rescate de la banca pública" que de rescate bancario.

Los bancos, y por consiguiente sus accionistas, han sido paganos del rescate de las cajas transformadas en bancos. A través Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se financia únicamente con las aportaciones de las entidades financieras, los bancos han soportado y siguen soportando parte del coste del rescate de las cajas.

Ninguno de los bancos tradicionales españoles ha recibido capital público, ni les ha costado dinero a los contribuyentes. Sus accionistas han sufrido continuas diluciones por las ampliaciones de capital realizadas, hasta llegar a reducir sus beneficios por acción en más de un 50% en algunos casos (ver cuadro).

La reestructuración de la banca tradicional la han sufrido principalmente sus accionistas, no las arcas públicas. Denominar a la reestructuración de las cajas de ahorro "rescate bancario" llama a engaño y crea una sensación de que toda la banca ha sido ayudada con dinero público, lo cual no es cierto. Los bancos tradicionales con accionistas han hecho recaer su ajuste sobre sus accionistas. Si no, que se lo pregunten a los accionistas del Banco Popular.

Entre el mal entorno para el negocio bancario y la incertidumbre causada por las amenazas de más impuestos y asunción de costes de los rescates de competidores, no es de extrañar la reacción de las cotizaciones de los bancos.

Y lo peor de todo es que con tanta dilución, con tanto incrementar el número de acciones en circulación, el atractivo del dividendo será difícil de cumplir en el futuro. No se podrá pagar tanto a tantas acciones… Abrazos,

PD1: Se me casa un hijo en Mayo. El domingo vinieron a comer a casa su familia. Buena gente. Ya les dije a los novios que esperamos mucha descendencia para poblar este maravilloso mundo que Dios nos ha regalado…

deudas acumuladas...

Los avisos caen en saco roto. No le importan a nadie, ni a los inversores, ni mucho menos, a los bancos centrales que vuelven a las andadas con más dinero enchufado al sistema…

La OCDE avisa de que la elevada deuda limita la acción de los Gobiernos

El organismo alerta de que los abultados números rojos frenan la capacidad de los Estados para estimular el crecimiento y hacer frente a futuras crisis

Un aviso más. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sumado su voz de alarma a la de otros organismos al alertar de que la abultada deuda que soportan las economías más desarrolladas limita su capacidad de reacción ante futuras crisis. “La deuda pública bruta alcanzó el 110% del PIB en promedio en 2017 en los países de la OCDE, reduciendo el margen de maniobra de los Gobiernos”, señala en un informe publicado este jueves.

Ya no hay tormenta, pero permanecen los destrozos. “Las peores consecuencias de la crisis financiera de 2008 puede que se hayan quedado atrás. Pero la mayoría de los países de la OCDE todavía soporta altas cargas de deuda que, en promedio, ascienden al 110% del PIB”, reza el informe Government at a glance 2019 (Gobierno de un vistazo, en castellano), publicado este jueves por el organismo con sede en París.

El análisis incide en cómo el parón de la actividad económica, las políticas fiscales contracíclicas y los rescates financieros que algunos países —entre ellos España— tuvieron que solicitar para salir del bache en el que cayeron durante la Gran Recesión dispararon la deuda pública bruta en más de 37 puntos en el conjunto de la OCDE entre 2007 y 2017. Estos elevados niveles de pasivo, alerta el organismo, limitan el margen de los Gobiernos para reaccionar ante futuras crisis y frenan su capacidad para estimular el crecimiento económico y abordar desafíos “imperativos”. Entre ellos, las crecientes desigualdades y los rápidos avances tecnológicos que están causando precariedad e inseguridad en el mercado laboral.

La OCDE analiza la deuda bruta para elaborar su estadística, que tiene en cuenta también lo que las Administraciones se deben entre sí —por ello el nivel marcado por España es del 114%, superior al 99% del pasivo neto que arrojan los datos de Eurostat—. Con su advertencia, la OCDE se suma al carrusel de organismos internacionales que mes tras mes lanzan avisos sobre los riesgos que conlleva el deterioro de las cuentas públicas nacionales. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertaba de que la deuda pública mundial había tocado récord, hasta alcanzar los 157 billones de euros. A todo ello hay que sumar las claras señales de desaceleración y las previsiones de crecimiento que se revisan constantemente a la baja.

España no se salva de este diagnóstico. Al contrario. Ha sido uno de los países de la OCDE que más ha ampliado sus números rojos como efecto de la crisis, solo por detrás de Grecia: su deuda bruta pasó del 41% del PIB en 2007 al 114% tan solo 10 años después, de acuerdo con los datos elaborados por el organismo dirigido por el mexicano Ángel Gurría. El informe reconoce sin embargo que esta variable ha mejorado durante el último año, sobre todo gracias a la mejora de la situación económica. Aun así, avisa de que el Gobierno no debe quedarse de brazos cruzados. A medida que la recuperación continúa, recomienda la OCDE, España tendrá que cumplir con objetivos fiscales a medio plazo que garanticen una senda estable y efectiva de reducción del pasivo.

Este informe que la OCDE publica cada dos años y que analiza una larga lista de variables relacionadas con las políticas públicas y la confianza de los ciudadanos en la administración, destaca que los niveles de déficit han ido mejorando de manera constante, hasta el 2,2% del PIB en promedio, aunque no a un ritmo suficiente para alcanzar los niveles precrisis (1,7%). Por otro lado, señala que la redistribución que logran los Estados a través de impuestos y transferencias ha disminuido en muchos países en las últimas dos décadas. Asimismo, hay menos dinero disponible para la inversión en un contexto en el que es cada vez más urgente destinar recursos a unas infraestructuras que durante los años de la crisis han sido descuidadas.

Inversión estancada

La inversión pública en los 36 países que forman parte de OCDE no ha logrado despegar tras el frenazo económico. El informe publicado este jueves arroja que sigue siendo inferior a los niveles precrisis. En 2017 supuso, en promedio, un 3,1% del PIB del club de los países ricos, 0,5 puntos porcentuales menos que en 2007. España, Grecia e Irlanda fueron los Estados que más terreno perdieron, mientras que los países nórdicos fueron los que, en general, más la aumentaron.

“La acumulación de la deuda y la incertidumbre, junto con la crisis económica de 2008, provocaron descontento entre los ciudadanos. La gente se pregunta si los Gobiernos están verdaderamente trabajando por el interés público o solo por unos pocos”, alerta en su análisis el organismo. “Este desencanto está erosionando los fundamentos de los sistemas democráticos en los países de la OCDE y requiere una acción urgente para fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas”, continúa. Pese a este escenario, detecta que la confianza de los ciudadanos en la administración ha vuelto a acercarse a los niveles de 2007 tras el fuerte deterioro sufrido durante la crisis.

Los retos, aún así, son muchos, desde el envejecimiento de la población y la consecuente presión sobre los sistemas públicos de pensiones y sanidad al aumento del número de ciudadanos vulnerables ante fuertes desajustes. “Los datos evidencian que hacen falta más acciones para fortalecer la confianza en los gobiernos y las instituciones públicas”, concluye.

CRECE EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS EN ESPAÑA

El número de funcionarios sobre el total de empleados ha crecido en España en más de dos puntos en una década, del 13,4% de 2007 al 15,3% en 2017. Y esto, “pese al severo impacto de la crisis financiera y económica en el país”, señala el informe de la OCDE. Las Administraciones Públicas españolas sufrieron duros recortes con el estallido de la crisis, y solo con la llegada de la mejora económica empezaron a recuperar el empleo perdido, sobre todo las comunidades autónomas, conforme iba mejorando la recaudación, y las administraciones locales. Aun así, el nivel sobre el total de trabajadores sigue por debajo del 17,7% de media de los países de la OCDE.

En lo que España sí destaca es en igualdad de género. Es el país con la mayor proporción de mujeres en puestos ministeriales, según el informe del organismo con sede en París: el 65% en 2019, lo que implica un salto de 34 puntos en comparación con 2015. 

Abrazos,

PD1: Me manda un amigo esto:

Me gusta, pero insisto un poco más en el punto final. Dios nos quiere a cada uno con nuestro nombre y apellidos. Nos quiere a cada uno, no en general a la humanidad, sino a cada uno de nosotros. Nos mima, nos da caricias, que solemos no ver porque no nos fijamos… Nos quiere como sus Hijos que somos, no “a todos”, sino a ti y a mi en particular…

reformar las pensiones

Es bastante urgente. Esto es lo que hay:

Reforma fiscal de las pensiones

La reforma de las pensiones intenta garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones español, que se ve afectado por el incremento de la esperanza de vida y por la disminución de la población activa. En España, desde los años 70, las pensiones se han ido reduciendo de manera sistemática.

Cuando pensamos en la pensión pública de la jubilación hay que tener en cuenta que en muy pocos casos será posible mantener el mismo nivel de vida que se ha llevado a lo largo de la etapa laboral, salvo que se disponga de un ahorro para complementarla.

Vamos a ver unos datos. La pensión media en 2019 se sitúa en 1.137,99 euros, a la que hay que aplicarle una retención del 7%. La prestación de jubilación contributiva máxima alcanza los 2.659,41 euros brutos al mes (37.231,74 euros brutos al año). Para este nivel, la retención en el IRPF asciende al 19,5% y la cuantía mensual neta queda en casi 2.100 euros. Hoy solo el 12,37% de los contribuyentes tienen derecho a una pensión superior a los 2.000 euros brutos. Un dato a tener en cuenta. Si nuestro salario anual hoy es superior a los 37.000 euros, estaremos cotizando más que el dinero que vamos a cobrar por nuestra pensión.

En la reforma de las pensiones de 2013 se incorporaron varios cambios. Vamos a verlos:

Edad de jubilación

En 2019 la edad legal de jubilación se alcanza con 65 años y ocho meses, aunque si se llevan cotizados 36 años y nueve meses la edad de jubilación se mantiene en los 65 años. Es importante recordar que la edad de jubilación aumenta de forma progresiva año a año, a razón de 2 meses por año, hasta llegar a los 67 años en 2027, que es cuando quedará fijada.

No en vano, como indican todos los organismos oficiales, la sociedad española envejece progresivamente debido al aumento de la esperanza de vida y, por el contrario, la tasa de natalidad (futuros trabajadores) disminuye, como puede verse en este gráfico.

Años cotizados

Si en 2013, año de la reforma de las pensiones, los años de cotización necesarios se situaban en los 35, en 2027 serán de 38 años y seis meses. Hasta 2027, la edad mínima de cotización aumentará a razón de trimestre por año. En 2019, si un trabajador tiene cotizados 36 años y nueve meses, podrá jubilarse a los 65 años; si tiene menos, tendrá que esperarse hasta los 65 años y ocho meses.

El índice de revalorización de las pensiones

Hasta la última reforma de las pensiones en 2013, éstas se revalorizaban en función del IPC. Es decir, si el Gobierno preveía una subida de los precios, ésta se aplicaba en las pensiones y con los meses se corregía al alza, nunca a la baja, si era el caso. De este modo, el pensionista no perdía poder adquisitivo con los años. Sin embargo, ahora el sistema ha cambiado y se revalorizan las pensiones mediante el índice de revalorización. ¿Qué es? Se trata de una fórmula matemática que tiene en cuenta numerosos factores y que, en resumidas cuentas, señala que las pensiones subirán cuando el sistema tenga más ingresos y menos gastos y bajarán cuando haya más pensionistas, más paro y más gastos de la Seguridad Social. El mínimo que subirán anualmente por ley es el 0,25%, como ya ha pasado desde 2014. Si la economía fuese a la perfección y el resultado fuera superior al IPC más 0,5% (el techo que marca la ley), el ‘excedente’ iría a la hucha de las pensiones. En los últimos Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno –y que todavía están pendientes de aprobación– está prevista una subida de las pensiones más bajas de hasta un 3%.

Factor de sostenibilidad

El factor de sostenibilidad es un coeficiente que se aplica en la primera pensión de un jubilado. ¿Para qué? Para ajustar lo que se cobra de pensión a los años de esperanza de vida. Así, dos personas que hayan cotizado lo mismo cobrarán pensiones diferentes si la esperanza de vida es mayor o menor en un momento dado. ¿Quiere decir esto que cuanto mayor sea la esperanza de vida, menos pensión cobraré? Sí. De hecho, informes oficiales estiman que con este cambio las prestaciones de jubilación podrían experimentar un recorte de un 5% nominal por década. Como ya hemos visto en otras ocasiones en el blog de VidaCaixa, la esperanza de vida en España aumenta cuatro años cada década, con lo que es fácil adivinar si las cuantías de las pensiones irán al alza o a la baja. Esta norma afecta a las pensiones a partir del 1 de enero de 2019 y cada lustro se renovará para las siguientes primeras pensiones.

¿Cuánto voy a cobrar de pensión?

Es la pregunta clave. No existe una respuesta sencilla, aunque sí estimaciones que ayudan a prever cuál será la tendencia. Muchos factores influyen en la cantidad final que se cobrará una vez jubilado. El aumento de la esperanza de vida, la demografía o el desempleo son algunos de ellos. Ahora bien, existe una herramienta, el simulador de jubilación, que sirve para aportar algo de luz sobre este tema. Se trata de una página web que calcula, en función de una serie de datos que aporta el interesado, el dinero que previsiblemente cobrará de pensión pública de jubilación y cuánto debería ahorrar para lograr unos ingresos determinados una vez haya concluido su etapa laboral. Mediante este ejercicio es posible comparar la idea que uno podía tener acerca de cómo sería su nivel de vida una vez jubilado y lo que con toda seguridad será, algo útil para replantear, si acaso, la estrategia para prepararse para el futuro. Planes de pensiones, PIAS o SIALP juegan en este punto un papel clave, dado que son soluciones, con interesantes ventajas fiscales, que pueden servir de complemento a la pensión pública de jubilación en el futuro.

En el caso del PIAS se destaca su interés garantizado, cuya aportación máxima es de 8.000 euros anuales, y 240.000 euros la aportación máxima total. El objetivo del PIAS es la renta vitalicia. ¿Y qué es una renta vitalicia? Un ingreso mensual para toda la vida con el objetivo de cubrir una caída de ingresos o para cuando nos jubilemos.

¿En qué afecta a mi plan de pensiones la reforma de las pensiones?

1. Podrás rescatar el plan de pensiones a los 10 años: Todos aquellos fondos de pensiones que se realicen a partir del año que viene podrán rescatarse transcurridos los 10 años sin necesidad de estar jubilado y sin tener que justificar un motivo. Así pues, la persona que contrate un plan de pensiones en el 2015 podrá rescatarlo en el 2025.

2. Pagarás menos comisiones: Se reduce la comisión máxima en un 30% (del 2,5% al 1,75%), por lo que aún podrás ahorrar más. En concreto, la comisión de gestión baja del 2% al 1,5% sobre el patrimonio del plan, y la comisión de depósito pasa del 0,5% al 0,25%. Según los cálculos del Gobierno, 4,5 millones de partícipes con un ahorro de 121 millones de euros anuales podrán beneficiarse de esta rebaja.

3. Estarás mejor informado: Al cierre de cada ejercicio recibirás por parte de la gestora el detalle de todas las inversiones de los fondos de pensiones, además de la información sobre la rentabilidad generada por el fondo en los últimos 20 años.

Para finalizar, y para dar cuenta de los cambios que se han producido en materia de pensiones para tratar de garantizar su viabilidad en el futuro, vamos a detallar los principales cambios desde la década de los 70.

¿Cuántas veces se han reformado las pensiones?

Desde 1970 se han producido reformas importantes que, sin embargo, no han afrontado la reforma necesaria a nivel estructural.

1. En 1985 se realizó a la primera gran reforma, que aumentó el Período Mínimo de Cotización (PMC) de 10 a 15 años y el número de años utilizados para el cómputo de la base reguladora desde dos años hasta los ocho previos a la jubilación. Con esta reforma, la reducción de la prestación oscila entre un 5% y un 10%.

2. Entre 1980 y 1995 el gasto en pensiones contributivas pasó del 5,6% del PIB al 8,4% y la relación entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas disminuyó del 2,7% al 2,1%. Esta situación llevó a que el Pleno del Congreso aprobara, el 15 de febrero de 1994, una proposición para crear una Ponencia en la Comisión de Presupuestos. Su finalidad era la elaboración de un informe sobre los problemas y las posibles reformas del sistema de la Seguridad Social. Fue lo que se conoció como el Pacto de Toledo. Entre las modificaciones que introdujo en el sistema dicho Pacto, destaca el aumento de 8 a 15 del número de años para el cálculo de la base reguladora de la pensión, la revalorización de las pensiones según la evolución prevista para el IPC y la eliminación gradual de los topes de cotización por debajo del máximo establecido. Con el Pacto de Toledo, la reforma de las pensiones supuso una reducción de entre un 7,5% y un 10% de las prestaciones a recibir por los jubilados.

3. En el año 2011 se aprobó una nueva reforma, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, cuya repercusión real sobre el cálculo de la pensión de jubilación no se verá totalmente hasta el momento en el que se aplique de forma íntegra (Enero 2027). Esta reforma retrasa la edad de jubilación en 2 años (hasta los 67) y reduce aproximadamente un 9% la pensión de jubilación. A mayor base de cotización, mayor es el porcentaje de reducción de la prestación a recibir en relación con la normativa anterior. Además, las personas que no dispongan de 38 años y seis meses cotizados, no percibirán el 100% de la jubilación, y las que no acrediten un período de cotización de al menos 25 años no tendrán derecho a percibir la pensión contributiva (hasta esta reforma, el requisito mínimo eran 15 años).

¿Qué factores tensionan el sistema público de pensiones?

El envejecimiento de la población, el aumento de la tasa de dependencia y la cuantía de las pensiones respecto a la productividad hacen inviable nuestro sistema público actual. Tanto es así que desde hace nueve años, desde 2010, las cotizaciones de los ocupados son insuficientes para financiar las pensiones contributivas.

Las pensiones se han modificado con distintas medidas a lo largo de los años: alargar el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, incrementar la cuantía máxima y la mínima o aumentar la edad de jubilación. Una cuantificación aproximada de estas reformas en las pensiones se traduce en unos recortes del 10% de media. A esto hay que añadirle que, en los últimos años, los topes mínimos y máximos de cotización se han incrementado por debajo del IPC, lo que supone una reducción encubierta de la pensión de jubilación.

Abrazos,

PD1: Según la RAE, sinónimos de soberbia:

Altivo, inmodesto, presuntuoso, orgulloso, altanero, arrogante, vanidoso, engreído, impertinente, jactancioso, endiosado, hinchado, fatuo, pedante.

¡Cuántas cosas hay que corregir! Es el principal pecado que cometemos, del que se derivan los demás…

seamos optimistas, aunque cueste

El profesor Antonio Argandoña habla sobre el pesimismo reinante en la actualidad:

Dos maneras de ser optimista

La idea no es mía, es de Steven Pinker, en su reciente libro «Enlighment Now». Bueno, de hecho es del economista y premio Nobel Paul Romer, quien probablemente lo aprendió de otros, porque la idea es antigua. Hay dos tipos de optimista. Uno, el que podemos llamar «optimista complaciente» (no sé si sería mejor «optimista conformista»), y pone el ejemplo del niño que se levanta el día de Navidad (nosotros diríamos el día de Reyes) y corre a ver los regalos que, con plena seguridad, le están esperando. El otro es el «optimista condicional» (yo diría «comprometido»), también un niño, que quiere una casa de madera de esas que se colocan entre las ramas de un árbol, y está seguro de que la conseguirá, con la ayuda de unos tablones, clavos, una escalera de cuerda y la ayuda de otros niños, que él convencerá para que estén dispuestos a colaborar para fabricarla.

Me gustó la explicación, y me pareció particularmente interesante en relación con el llamado estado del bienestar. Hay algunos, muchos, complacientes o conformistas, que esperan que el Estado les dará unas pensiones dignas, una sanidad de calidad, buenas escuelas, excelentes servicios sociales… Y se dice a sí mismo, y a los que quieran escucharle, que «tiene derecho» a todo esto. Eso es todo: tiene derecho, y espera que alguien lo cumpla. Y luego, cuando las cosas no salen como tenía previstas, se enfadan.

Otros también hablan de derechos, pero entienden que van acompañados de obligaciones. Yo he de pagar mis impuestos, y exigir que otros lo hagan también; yo he de enterarme de qué políticos podrán cumplir con sus deberes en relación con el estado del bienestar, y exigirles que lo hagan. Si sospecho que mis pensiones no serán suficientes, me preocupo de ahorrar por mi cuenta, poco o mucho. Si mis hijos van a una escuela gratuita o subvencionada, hablo con la dirección de la escuela y con los profesores, para hacerles ver que el derecho de mi hijo a una educación de calidad depende en buena parte de ellos, y procuro que cumplan con su deber…

Nos quejamos a menudo que las cosas no van bien, que los políticos no están a la altura, que la sociedad no cumple con el «contrato social» que se supone que hemos firmado todos… Me pregunto si nos apuntamos a la versión conformista o a la comprometida… Porque un contrato tiene dos partes, cada una con sus derechos y sus obligaciones.

Abrazos,

PD1: En definitiva, hay que dejar de despotricar con lo que tenemos. No ganamos nada. Esos miedos de hoy pueden ser oportunidades para mañana. Dejemos de hablar de lo mismo, porque por mucho que lo digamos, no conseguiremos nada…

perdemos la ESTABILIDAD

Jesús Sanchez Quiñones decía hace un par de días algo muy interesante sobre la ESTABILIDAD, que lo suscribo al cien por cien:

Cuando un país cuenta con estabilidad regulatoria, legal, fiscal, de gobierno, es competitivo y tiene capacidad de crecimiento, es fácil que se convierta en un destino de la inversión internacional. Por el contrario, cuando no existe seguridad jurídica, los mensajes de los gobernantes son antiempresas, y las condiciones generales hacen que el país no sea competitivo frente a otras alternativas estables, los inversores prefieren otras latitudes para invertir. La inversión es imprescindible para aumentar la capacidad de crecimiento de una economía y para crear empleo y bienestar.

España ha sido en las últimas décadas un destino destacado de la inversión extranjera. El fuerte crecimiento de la economía española desde la entrada en la Unión Europea no habría tenido lugar sin las cantidades ingentes de inversión y financiación exterior. De hecho, una de las debilidades de la economía española es la fuerte dependencia de la inversión y financiación exterior.

La deuda externa bruta de España ascendía a dos billones (2.000.000.000.000) de euros a fin de 2018. Para que los tenedores de dicha deuda renueven su "préstamo" a la economía española al vencimiento de las deudas, es fundamental que se sigan manteniendo las condiciones de estabilidad que existían cuando se produjo la primera inversión. De no ser así, o bien exigirán un mayor retorno a su inversión por el riesgo asumido, o bien desplazarán su inversión a otros lares.

A modo de ejemplo, en el momento de mayor tensión de la deuda pública española en verano de 2011 y 2012, la venta de bonos por parte de los inversores extranjeros ante la desconfianza por una posible salida de España del euro, provocó una subida de los tipos de los bonos a diez años hasta el 7%. Sólo la intervención del BCE evitó que la situación no descarrilara. Un riesgo de inestabilidad ahuyentó la inversión extranjera, afortunadamente sólo de forma temporal.

Desde que existe libertad de movimiento de capitales, hace más de veinticinco años, cualquier inversor español puede decidir el destino geográfico de su inversión. Esto aplica tanto a los grandes inversores como a los pequeños inversores que canalizan su ahorro a través de productos como los fondos de inversión.

Algo que suele ignorarse, es la capacidad que tiene cualquier inversor español, individual o institucional, de desplazar su inversión fuera de nuestras fronteras de forma extremadamente sencilla y sin tener que abrir ninguna cuenta fuera de España. Hoy en día es igual de sencillo invertir en acciones de empresas españolas o de cualquier otro país, comprar bonos de cualquier compañía española o de otro país europeo, invertir en un fondo de inversión con posiciones en activos españoles u otro que invierta fuera de nuestras fronteras.

Nadie debería dar por garantizada la permanencia de la financiación extranjera a la economía española. Para ello es imprescindible mantener la estabilidad de la que España ha gozado en las últimas décadas. Del mismo modo, tampoco debería darse por garantizado que los inversores españoles, grandes y pequeños, van a mantener el grueso de sus inversiones en España si no se dan las condiciones adecuadas.

Hoy esto se ha roto y en el futuro habrá consecuencias económicas evidentes, de mucho menor crecimiento, más paro, muchos más impuestos, más desequilibrios, peores perspectivas, al margen de las connotaciones políticas de federalismo, ruptura de España, república…

Sin embargo, otros países han sobrevivido a los populismos. Grecia es el mejor ejemplo. Portugal también, donde incluso bajaron los impuestos para reactivar su economía y atraer inversiones, y les ha funcionado.

¿Qué pasará en España? Muchas dudas y lo primero es que la gente se apretará el cinturón y la economía se parará del todo… Tristes abrazos,

PD1: Venga a recomendarte que rezáramos por los gobernantes y nada. Una de dos, o no lo hacemos con convicción, o como suele ser el caso, dentro de lo malo siempre hay algo bueno que no se vislumbra. Hay que insistir con los rezos por España y sus gobernantes, para que haya la sensatez que no vemos hoy.