Se barajaría la posibilidad de que fuera más temprana su salida de lo que muchos hubieran imaginado o deseado. ¿Qué consecuencias tendría para la economía española, cada vez con más falta de credibilidad internacional y con una creciente inseguridad jurídica? Se vería como un cambio a mejor; sería positivo.
En primer lugar se podría producir un relevo en tanto en cuanto serían los diputados de las Cortes, elegidos por la soberanía popular, los que se encargarían de proponer al Rey el nombramiento de un nuevo Presidente del Gobierno. El run run es que sería Joaquin Almunia, actualmente Comisario de la UE, el cual sería visto con buenos ojos por ambos partidos mayoritarios y aportaría una dosis de ortodoxia en sus políticas económicas, al ser un tecnócrata.
Almunia sería factible por su mayor credibilidad, el Gobierno la tiene actualmente perdida, lo que implicaría en una mejora de la confianza, en una mayor ilusión por el futuro y en una visibilidad de la salida, con el nuevo Presidente, de la crisis actual.
Necesitamos volver al consenso entre las dos grandes formaciones políticas. Esta demora en el tiempo y esos esfuerzos, inútilmente perdidos en rencillas partidescas, no se deberían seguir produciendo en tanto en cuanto la gravedad de la crisis exige medidas de reducción del gasto mayores sin demora.
Del discurso del Director de El País del día 28/9/09 ante el Foro Nueva Economía: (como es muy largo te recomiendo la negrita)
“Nos hemos manifestado, en público y en privado, reiteradas veces en contra la interferencia abusiva del gobierno en el normal desarrollo de los mercados, cambiando las reglas del juego de manera arbitraria, precipitada o improvisada. Episodios como los de Endesa, la central nuclear de Garoña o el reciente decreto ley sobre TDT son muestras preocupantes de una cierta inseguridad jurídica que afecta al normal desarrollo de la vida de las empresas. Lo mismo podría decirse del esperpéntico debate público sobre la subida de impuestos o aquel ya olvidado vaudeville en torno al control y gobernanza del BBVA. La reiteración de incidentes de ese género hace dudar de la habilidad en el manejo del timón de nuestra economía. La presencia frecuente en esos episodios de un ministro que ha decidido que nos quitemos las corbatas como único plan energético visible tiñe de perfiles risueños las opiniones sobre la idoneidad de lo políticos. El que tan experto economista utilice los pasillos del Congreso de los Diputados para mentir, y atacar con sus mentiras, a un grupo de comunicación nos habla de paso de su mermado entendimiento democrático. Pues este es por cierto el otro motivo de nuestra alarma: la tendencia de algunos gobernantes a ignorar o vulnerar la institucionalidad democrática, que se manifiesta entre otras cosas en el menosprecio respecto a las orientaciones de organismos como el Consejo de Estado, el de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional de la Competencia; la falta de atención a las indicaciones del Banco de España; una especie de guerra preventiva desatada contra las sentencias del Tribunal Constitucional, incluso antes de que se dicten, y el abuso arbitrario e improcedente de la figura del decreto ley como instrumento legislativo. Sobre este punto me extenderé algo más pues lejos de la gresca con la que algunos quieren confundirnos creo que se trata de un tema de enorme calado y que afecta de lleno al futuro de las sociedades libres.Empezaré por leerles un párrafo de un ensayo mío que publiqué hace más de 25 años –cuando casi ninguno de los protagonistas de este momento estaba en activo- bajo el título de El tamaño del elefante. “El método de listas electorales cerradas y bloqueadas… amenaza con matar toda democracia interna en el seno de cada partido… [pero] la enorme concentración de poder que se produce en las cúpulas partidarias no acaba aquí…. … de modo que no es ya el parlamento el que controla al gobierno sino el gobierno el que controla a la mayoría parlamentaria, la diseña de antemano, y de acuerdo con los sondeos electorales la domestica, la manipula y la utiliza… … La profesionalización de la política, en el peor de los sentidos de esta palabra, acabará por ahondar el foso existente entre la superestructura del poder y el sentimiento ciudadano”. Creo que estas tendencias, visibles ya hace un cuarto de siglo, han seguido manifestándose en la democracia española. Y afectan a todo el sistema de representación política y de gobernación. Llama la atención que durante el año 2007 se aprobaran 72 leyes y 11 reales decretos mientras que en 2008 solo se aprobaron seis leyes -entre ellas la de Presupuestos- y el Consejo de Ministros dictó diez decretos leyes sobre los temas más variados. Este año vamos por el mismo camino pues hasta ahora el parlamento ha aprobado ocho leyes y 12 reales decretos. Algunos argumentan que semejante situación se debe a la crisis económica, pero resulta evidente que el gobierno entiende la iniciativa legislativa de una manera muy peculiar, que desdice del comportamiento habitual de una democracia parlamentaria. Quizás siente la presión cada vez menos soportable de encontrarse en minoría y rehúye casi inconscientemente los debates abiertos. Los partidos políticos tienen un problema con su democracia interna: los líderes díscolos están destinados a fugarse de sus formaciones o a marcharse en silencio de ellas. No insistiré más sobre estos puntos, que me parecen de capital importancia para garantizar la moralidad de la política y la transparencia del poder; reiteraré en cambio que estas son discrepancias que siempre hemos tenido respecto a la manera de comportarse del gobierno y de las fuerzas políticas, y que se pusieron una vez más de relieve con ocasión del famoso decreto ley del 13 de agosto. Lo dijimos entonces, lo repetimos ahora. Por lo mismo, bucear en las páginas de El País o merodear en las tertulias de la SER para descubrir un cambio de rumbo en nuestra línea editorial debido a ese incidente resulta bastante inútil y en cierta medida ridículo. Seguimos fieles al principio de servir con veracidad e independencia a los usuarios de nuestros medios. Únicamente hemos puesto de relieve el titubeo creciente de los gobernantes a la hora de enfrentar la crisis económica y su abuso en la manera de legislar, a la hora de hacerlo y por motivos espurios en ese caso concreto. Lo hicimos, y lo seguiremos haciendo, desde la autonomía de la sociedad civil, en cumplimiento de la misión que los medios de comunicación tienen. La importancia de este sector para la construcción y preservación del edificio democrático es comúnmente ensalzada por los ocupantes del poder, pero sus declaraciones suenan a retórica. Llama la atención el hecho de que mientras se toman medidas precipitadas que transforman de manera imprevisible el sector audiovisual, todavía estemos esperando una medida que devuelva la esperanza a los editores de periódicos medianos y pequeños, siendo la prensa como es, o como nos dicen que es, un puntal básico para la formación de la opinión pública en las democracias. Por nuestra parte, seguiremos pues ejerciendo nuestro derecho a la crítica, e incluso a la resistencia si fuera precisa, y lo haremos desde una perspectiva inequívocamente modernizadora y de progreso, a la que repugnan los brotes de populismo de todo género que a derecha e izquierda se manifiestan.
Dichos brotes, al margen de los otros que algunos definen como verdes y veremos cuándo y cómo fructifican, se producen en un marco de extrema depresión de nuestra economía y se manifiestan lo mismo en declaraciones de los políticos que en decisiones apresuradas para contentar al personal. No estoy de acuerdo con quienes dicen que el gobierno no ha hecho nada, o todo lo ha hecho mal, a la hora de conjurar la crisis. El plan E, por ejemplo, resultó una medida acertada por más que algunos ayuntamientos hayan utilizado sus recursos de forma tan caótica como el de Madrid. Y el gobierno fue diligente a la hora de garantizar la liquidez de las entidades financieras, cuyas estrecheces amenazaban con poner el peligro el sistema de pagos. Es además lógico y deseable que se quiera proteger a las capas de la sociedad más desfavorecidas. Pero la mejor política social posible, la única en realidad a la que deberían estar enfocados todos los esfuerzos, es crear empleo, y en ese empeño no se aprecia una actuación eficaz y urgente que facilite las condiciones para que algo así suceda. Antes bien, las polémicas públicas con las organizaciones de empresarios generan un entorno nada favorable para emprender iniciativas que permitan una lucha eficaz contra el paro.
Es tan grave y tan profunda la crisis económica que demanda un verdadero acuerdo nacional, con la participación de las dos grandes formaciones, para poder afrontarla con éxito. Salvar el presupuesto a base de apoyarse en pequeños partidos nacionalistas no es garantizar la estabilidad política en medio de situación como la que padecemos. Y esperar –como hace la oposición- a que el gobierno se caiga bajo los efectos de la crisis, sin apoyarle de manera seria y responsable para que aborde las respuestas que esta demanda, tampoco es un modelo de solidaridad y compromiso con los ciudadanos. Sean cuales fueren las diferencias ideológicas, en la reconstrucción del tejido productivo de nuestro país y el reencuentro con la senda del crecimiento necesitamos políticas transversales. Los líderes sociales deben mostrar que se esfuerzan en conseguirlas y no dedicarse a tirarse puyitas y pellizcos de monja en los mítines de fin de semana. Actuar de otra manera no hará sino profundizar el ya muy extendido desprestigio de la clase política y de sus principales integrantes.
Algunas veces he insistido en que en realidad no nos encontramos ante una crisis de la economía, sino ante un cambio global de paradigmas que afecta al modelo de producción y distribución de bienes, a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y a las relaciones internacionales en su conjunto. Resolver las cuestiones planteadas exigirá tiempo y paciencia y eso lo comprende todo el mundo. Lo que la gente necesita es saber que se ha elegido el camino adecuado y que, aunque se dude sobre las posibles soluciones, se ha llevado a cabo un diagnóstico correcto de nuestros problemas. Humildad en las promesas y determinación en las medidas son condiciones adicionales para el restablecimiento de la confianza perdida entre los ciudadanos y los políticos.
Nadie en su sano juicio puede hacer responsable a este gobierno de las enormes dificultades económicas por las que atravesamos, y nadie tampoco puede presumir de conocer las recetas únicas e indiscutibles que sanarán al enfermo. Pero el gobierno debe entender que los diferentes reclamos que proceden de los grupos sociales no están solo inspirados por el egoísmo, el interés particular o la falta de solidaridad. La reconstrucción del empleo es una prioridad para todos, sindicatos y empresarios, y la salida de la recesión urge más a los más desposeídos, pues son ellos las primeras víctimas del descalabro. Por eso es preocupante la escalada de la demagogia en el debate político, y el volumen de descalificaciones mutuas y agresiones gratuitas entre los representantes de las diferentes opciones. Criticamos en su día los excesos fundamentalistas de la derecha nacional-católica, empeñada en resucitar a la España profunda, y debemos alzar la voz igualmente contra las extravagancias de un populismo de izquierda que ignora el carácter interclasista y moderno de esta sociedad. El gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar, sometiéndose al escrutinio parlamentario, al de la opinión pública y al de los medios de comunicación. Y por lo mismo tiene un deber de transparencia que se concilia mal con las prácticas antes descritas. Esto, repito, es cuanto hemos dicho recientemente y no veo en ello cambio de rumbo alguno en la singladura editorial de nuestro grupo.
Por lo demás el gobierno merece también la solidaridad y el apoyo de esta sociedad, precisamente en momentos tan difíciles como los que atravesamos. E igualmente los medios deben hacer un ejercicio de responsabilidad. Hemos de extremar nuestra exigencia de veracidad en las informaciones y de independencia en nuestras posiciones editoriales. Mentiría si dijera que el panorama general que presentan las empresas de comunicación se corresponde con esta máxima y estoy seguro de que también la nuestra ha cometido y comete errores, pecados y desviaciones. Solo puedo decir al respecto que desde hace décadas nos hemos esmerado en garantizar controles internos, y reclamar los externos del cumplimiento de la ley y la eficacia de los tribunales, a la hora de evitar los excesos que se cometen mancillando el nombre de la libertad de expresión. De modo que no duden nuestros políticos que nos tendrán a su lado, al margen cualquier discrepancia, en la ingente tarea de reconstrucción que nos aguarda. Porque frente al deterioro de la política que tan ominosamente padecemos no pretendemos su destrucción sino su reivindicación. Y es que la economía no existe al margen de la política, por más que algunos se empeñen en ignorarlo, y solo desde la política se podrá encontrar una salida a la actual coyuntura. De ahí que sea tan importante resucitar la centralidad del discurso público e ir al encuentro de las mayorías sociales.
Si este acuerdo nacional que los políticos no quieren y los ciudadanos demandan se llevara a cabo, España podría adelantar la hora de su salida de la crisis y reforzarse cara al futuro. Nuestro país se ha transformado sustancialmente en las últimas décadas, en gran medida gracias al impulso que la libertad y la democracia han insuflado a sus gentes. Contamos con todos los elementos necesarios para controlar el porvenir sin necesidad de invocar optimismos retóricos. Tenemos infraestructuras, un buen sistema financiero, instituciones políticas, económicas, sociales y culturales muy estables y de gran penetración en la sociedad; y contamos con un capital humano de una calidad y en una cantidad desconocidas antes en nuestra historia. Por eso demandamos buenas políticas que pongan todo eso a funcionar. En ese empeño contarán con nuestro apoyo cuantos se pongan a él. Desde el ejercicio de la crítica, con transparencia y honestidad. Desde el convencimiento también de que, como dice un buen amigo mío, quizá el secreto de la salida de la crisis consiste en que nos pongamos todos a trabajar más.”









