Parece que les va a tocar ponerse a trabajar para coger el dinero que nos dan gratis y los préstamos que vienen condicionados. El dinero gratis nos va a llegar durante 5 años a razón de 12.000 euros cada año, pero con muchas condiones:
Habrá condicionalidad
Vuelven los hombres de negro, aunque en esta ocasión vayan a teletrabajar
El fondo de reconstrucción no estará exento de condiciones, tal como deseaban España e Italia y rechazaba el bloque de los frugales. Los países que deseen acogerse al Instrumento para la Recuperación y Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés) deberán “preparar planes para la recuperación y la resiliencia nacional donde expongan su agenda de reformas y de inversiones para el período 2021-2023”. Tales planes “serán evaluados por la Comisión Europea en dos meses. Será necesario obtener la máxima puntuación en esta evaluación con respecto a la concordancia con las recomendaciones específicas que efectúa la Comisión para cada país, al impulso del crecimiento potencial, a la creación de empleo y a la resiliencia social y económica. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un prerrequisito”.
Solo aquellos planes que reciban el visto bueno de la Comisión optarán a ser aprobados por el Consejo Europeo a través de mayoría cualificada. Y, además, una vez aprobados, no hay garantía de que las ayudas sigan llegando, puesto que “los desembolsos de dinero quedarán sujetos al satisfactorio cumplimiento de los objetivos y de los hitos más importantes”. Vuelven, pues, los hombres de negro, aunque en esta ocasión vayan a teletrabajar.
Los 27 cierran en Bruselas un acuerdo histórico para la Unión Europea
Pero, ¿cuáles cabe esperar que sean esas reformas que la Comisión Europea —y el Consejo Europeo— exijan a aquellos países que, como España, vayan a querer solicitar la ayuda del RRF? Por suerte para la transparencia, la Comisión Europea publica periódicamente sus sugerencias de reforma para cada uno de los países miembros en el denominado 'semestre europeo'. ¿Y cuáles son las reformas que deberá aprobar España de acuerdo con la Comisión Europea?
1. Ajuste presupuestario: la Comisión Europea pide que, “cuando las condiciones económica lo permitan”, se apliquen “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”. En sus recomendaciones de marzo, esto suponía incrementar el gasto público nominal un máximo del 0,9% al año (para lograr un ajuste del déficit del 0,65% al año). Se trata, por cierto, de una austeridad solo ligeramente inferior a la aplicada a partir de 2012 por el Gobierno de Rajoy (0,9% anual).
2. Ajuste del sistema de pensiones: la Comisión también reclama “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones” y no ve con buenos ojos que se hayan vuelto a indexar las pensiones al IPC o se haya retrasado la aplicación del factor de equidad intergeneracional sin ninguna medida de ajuste sustitutoria.
3. Aplicar la reforma laboral de 2012: la Comisión Europea es contraria a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. De hecho, en sus recomendaciones para España en 2012, la Comisión nos instaba a “aplicar las reformas del mercado laboral”.
4. Profundizar en la lucha contra la dualidad del mercado laboral: la Comisión Europea también critica la elevada tasa de temporalidad de España y recomienda “favorecer la transición hacia contratos indefinidos” (algo que además era uno de los principales objetivos de la reforma laboral de 2012 al reducir las diferencias de indemnización entre fijos y temporales).
5. Mejorar los resultados del sistema de enseñanza, potenciando además la cooperación entre el sector de la educación y el sector empresarial.
6. Avanzar en la unidad de mercado: la Comisión pide profundizar en la aplicación de la respectiva ley del PP, lo que entre otros requisitos pasa por aprobar la reforma de los servicios profesionales (por ejemplo, suprimiendo los requisitos de colegiación obligatoria) y eliminar trabas regulatorias que constriñen el crecimiento empresarial.
7. Mejoras en las infraestructuras energéticas y de transporte: este probablemente sea la condición menos controvertida para el Gobierno, pues supone un incremento del gasto público en el fomento de la eficiencia energética, de la transición ecológica, del transporte ferroviario de mercancías o de la interconexión eléctrica con Europa.
En definitiva, España recibirá 140.000 millones de euros a cambio de asumir la obligación de una agenda de reformas en línea con las exigencias de Bruselas y en contra de muchas de las promesas electorales de la coalición gubernamental: lo que ayer era una intromisión inaceptable en nuestra soberanía, hoy es un éxito negociador del Gobierno. Por supuesto, podría suceder que terminemos cogiendo el dinero y corriendo, engañando en el proceso a los eurócratas (Rajoy era un experto en ello y Sánchez no parece quedarse atrás). Sin embargo, de momento y sobre el papel, habrá reformas y frugalidad.
Y este es otro resumen de las condiciones:
España deberá acometer 30 reformas si quiere recibir las ayudas europeas
La entrega del fondo europeo está condicionada a que el Gobierno presente proyectos que vayan en línea con lo que pide Bruselas, y que afecta al empleo, las pensiones, la educación e incluso al modelo territorial
España recibirá 140.000 millones de euros con cargo al nuevo fondo creado por la Unión Europea para salir de la crisis provocada por el coronavirus. De ese dinero, 72.700 millones serán préstamos y el resto ayudas directas, pero solo serán desembolsados si España presenta un plan de reformas que sean coherentes con las recomendaciones que anualmente hace la Comisión Europea.
¿Y cuáles son esas recomendaciones? Pues las que suele publicar el Ejecutivo comunitario tras evaluar los documentos enviados desde el Ministerio de Economía. La última vez que se hizo ese ejercicio fue en mayo pasado, si bien el análisis de la Comisión quedó alterado por la pandemia que en ese momento estaba azotando la Unión Europea.
No obstante, la Comisión recogió algunas de las reformas que España debe hacer para acabar con la brecha de productividad que tiene con la media de los países comunitarios. A saber:
1.- Revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar el empleo indefinido, especialmente para los trabajadores jóvenes.
2.- Flexibilización de las condiciones laborales, aunque no se especifica en qué sentido.
3.- Fomentar el atractivo de la formación profesional.
4.- Promover la inversión privada.
5.- Impulsar la innovación.
6.- Apoyar la digitalización de las empresas para incrementar su competitividad.
7.- Facilitar la penetración de las energías renovables.
8.- Reducir el consumo de energía de los edificios, tanto públicos como privados.
9.- Invertir en nuevas interconexiones eléctricas con el resto de la Unión.
10.- Desarrollar una infraestructura de combustibles alternativos para que se pueda desarrollar el vehículo eléctrico.
11.- Eliminar la fragmentación y los obstáculos reglamentarios que impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala. Para ello, se recomienda utilizar de forma más activa la Ley de Unidad de Mercado.
12.- Preservar la capacidad del sistema judicial para tratar de forma eficiente los procedimientos de insolvencia.
13.- Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales que garanticen la sostenibilidad de la deuda.
14.- Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario.
15.- Centrar la inversión en la transición ecológica y digital.
16.- Fomentar la investigación y la innovación.
Además de esas 16 reformas, en el documento de este año se hace mención a las recomendaciones realizadas en 2019, "que deben tenerse en cuenta". Y en ese análisis se incluían también las siguientes peticiones:
17.- Aumentar la eficiencia del gasto público.
18.- Incentivar, tanto a los trabajadores como a los empleadores, para que inviertan en formación.
19.- Reducir las barreras para la movilidad laboral entre las distintas zonas del país.
20.- Modernizar los servicios públicos de empleo para mejorar su misión como conseguidores de puestos de trabajo.
21.- Reducir el empleo de duración determinada en el sector público.
22.- Invertir en vivienda social.
23.- Promover el emprendimiento y las empresas emergentes.
24.- Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo con medidas para abordar tanto la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales.
25.- Reformar el sistema educativo para mejorar los resultados y adecuarlo a las necesidades del sector privado.
26.- Eliminar las restricciones regionales a la prestación de servicios, consecuencia de la regulación fragmentada que existe en España.
27.- Invertir en infraestructuras que garanticen un mayor uso del ferrocarril para el transporte de mercancías.
28.- Promover el transporte sostenible y la economía circular.
29.- Reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo.
30.- Simplificar el sistema de incentivos a la contratación.
De estas 30 medidas se concluye que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá muy complicado llevar a término el programa suscrito en su día con Unidas Podemos, pues cuestiones como la derogación de la reforma laboral serán prácticamente imposibles, ya que lo que pide Bruselas es precisamente una mayor flexibilidad en materia de empleo.
También provocará dificultades a Sánchez todo lo relativo a la unidad de mercado. El Gobierno está sostenido por una pléyade de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que difícilmente darán su apoyo a reformas que vayan en la dirección de unificar y reducir las particularidades territoriales, de las que Bruselas abomina, sobre todo en materia de empleo y de barreras a la actividad empresarial.
Entre las reformas de más calado solicitadas sistemáticamente por la Comisión Europea se encuentran la de las pensiones y la educativa, dos cuestiones fundamentales a las que España sigue sin dar una respuesta a medio y largo plazo y que, según Bruselas, lastran la productividad de la economía y ponen en riesgo la viabilidad de las finanzas públicas.
Abrazos,
PD1: En general hay dos tipos de personas: las que dicen que van a hacer cosas y las que hacen cosas. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. Hay quien se pone buenos propósitos para no cumplirlos y otros que se los ponen y si no los cumplen, piden perdón y recomienzan la mañana siguiente. Es un comenzar y recomenzar cada día…
