Como sabes, es bastante preocupante. Estamos sin Presupuestos General del Estado (por dos años ya), con un Gobierno que no puede hacer nada, pero este tema hay que lidiarlo de una vez…
Los problemas de las pensiones son:
1) Demografía: tasa de fecundidad en mínimos y expectativa de vida en máximos!
2) Baja productividad.
Y además:
1) Tasa de sustitución muy alta con riesgo de disminución
2) Nula contribución del sistema privado obligatorio
3) Sueldos a la baja
Lo que nos espera con las pensiones en 2019
Estos días se está hablando y escribiendo mucho de pensiones. Centran el debate los cambios que entrarán vigor en 2019 y la complicada situación financiera del sistema. Por una parte, según anunció la semana pasada en el Congreso la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el déficit de la Seguridad Social creció en 2017 hasta el entorno de los 18.800 millones de euros, superando los 18.537 millones que alcanzó en 2016.
Descontando los excedentes generados por el sistema público de empleo, el balance negativo del conjunto de la Seguridad Social será de unos 16.800 millones (17.757 millones en 2016). Por otra parte, el ministerio prevé que en 2018 el déficit de Seguridad Social disminuya levemente y finalice en el entorno de los 17.800 millones, un 1,47% del PIB. No es un dato para alegrarse, pues implica que el Gobierno tendrá necesariamente que recurrir a un nuevo préstamo del Tesoro Público (con cargo a los Presupuestos Generales del Estado) para cubrir las necesidades de pago, cuyo importe máximo se estima en unos 16.000 millones de euros. En 2017 ya se necesitó otro préstamo de 10.192 millones ante el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llamada hucha de las pensiones).
EL SEMPITERNO DEBATE
La publicación de los datos, como ha sucedido estos últimos años, reaviva el debate sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y la necesidad de su reforma. La aparente cronificación del déficit y la necesidad de utilizar instrumentos de financiación extraordinarios urgen a la búsqueda inaplazable de soluciones que, dada la envergadura del reto, sólo pueden alcanzarse con un gran pacto de estado.
De este tema ya escribimos en un artículo anterior del blog, en el que analizábamos las predicciones demográficas nada halagüeñas para nuestro país:
A una elevada esperanza de vida
Se le suma una muy baja tasa de natalidad
Lo que conlleva un envejecimiento acelerado.
Resultado: en 30 años puede que haya más jubilados que trabajadores. Defendíamos entonces la necesidad de ahorrar para el futuro, y proponíamos una transformación de nuestro actual sistema de reparto en uno mixto, similar al establecido por Suecia en la década de los 90.
Las preocupaciones ciudadanas, sin embargo, no sólo se ubican en el medio y largo plazo. Todos los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 van a percibir una pensión algo más reducida de la que les correspondería según lo cotizado. Ello se producirá por el efecto del denominado factor de sostenibilidad, mecanismo corrector que el Gobierno introdujo en su reforma de pensiones del año 2013, con aplicación demorada hasta 2019. Vamos a tratar explicar de forma sencilla su funcionamiento.
EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES
Al cálculo actual de las pensiones la reforma de 2013 le añade el llamado factor de sostenibilidad, que incluye dos nuevas variables: el factor de equidad intergeneracional y el factor de revalorización anual.
Dicho de forma sencilla, el factor de equidad intergeneracional tiene en cuenta la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Los derechos cotizados durante la etapa activa se reparten durante un número mayor de años. Se estima que en 2019 esta variable supondrá un descuento en la pensión que estará en el entorno del 0,5%. Un pensionista que se jubile en 2018 y le corresponda una pensión de 1.000 euros por sus años cotizados, cobraría 995 euros si lo hiciera en 2019.
Hay que tener en cuenta que este factor es acumulativo y se revisa cada cinco años. Parece un elemento de ajuste razonable teniendo en cuenta el incremento sostenido de nuestra esperanza de vida: 69,11 años en 1960, 72,03 en 1970, 75,35 en 1980, 76,84 en 1990, 78,97 en 2000, 81,63 en 2010 y 83,38 en 2015. Impresionante.
El factor de revalorización implica que las pensiones solo suben si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. Este factor podría oscilar entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%. Con el factor de revalorización, los futuros jubilados no verán recortada su prestación con el transcurso del tiempo, aunque inicialmente puedan percibir una pensión más baja que quienes se retiraron antes del 2019 en las mismas condiciones.
Merece la pena destacar que este nuevo cálculo de sostenibilidad que se aplicará a partir del año que viene es similar al de países de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Alemania o Austria.
PERSPECTIVAS DE LOS NUEVOS PENSIONISTAS A PARTIR DE 2019
Como pueden comprobar los lectores, el impacto sobre las pensiones en 2019 con las nuevas correcciones será todavía moderado. El problema subyacente es que la reforma de 2013 no asegura la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Se necesita una transformación de mucha mayor envergadura, que además sea sostenible financieramente en el largo plazo, algo que los ciudadanos debemos exigir a nuestros representantes políticos, por encima de los intereses electorales. Y ello se nos antoja complicado, visto el panorama actual.
Entretanto, tampoco debemos olvidar nuestra responsabilidad personal en la construcción de nuestro futuro financiero. Solo me cabe insistir en lo apuntado en mi anterior artículo sobre pensiones: no nos queda otra que ahorrar y gestionar sensatamente nuestras finanzas personales, muy especialmente los más jóvenes, en cuyos bolsillos recaerá mayormente el impacto negativo de las tendencias demográficas apuntadas. Hay que ponerse manos a la obra, empezando por lo pequeño, para ir creciendo y asentando los cimientos de nuestro provenir.
Abrazos,
PD1: ¿Destope pensiones máximas?
Acabamos de cerrar un año que, a la vez, ha sido bueno y malo para nuestro Sistema de Seguridad Social. Un buen año en lo que a recaudación se refiere ya que, según las previsiones, 2017 terminó con una recaudación de más de 109.000 millones de euros, batiendo el récord de ingresos por cotizaciones sociales obtenidas por la Seguridad Social registrado en 2008, que fue de 107.769 millones.
Eso sí, aun siendo notorio el positivo impacto que tiene en esta cifra la fuerte recuperación del empleo, la alegría decae cuando se recuerda que esta comparativa encierra una pequeña trampa: está hecha en términos nominales, esto es, sin descontar el efecto de la inflación en estos años. Trasladada a 2017, esa recaudación de 2008 se convertiría en unos astronómicos 120.888 millones.
Y puestos a seguir reduciendo los motivos de celebración, basta mirar al “otro lado” –el de los gastos– de la cuenta de resultado económico-patrimonial de la Seguridad Social: en 2017 se habrá mantenido o incluso quizás batido otra marca, que es la de retirada de fondos de la caja de la Seguridad social. Más de 127.000 millones de euros se destinaron al pago de las distintas prestaciones que abona nuestro Sistema de Seguridad Social, cuyo déficit alcanza ya los 18.000 millones de euros.
Como consecuencia de ello, el Tesoro deberá prestar en 2018 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para que ésta pueda pagar la parte del gasto de pensiones, que suponen un 83,7% del presupuesto total y que en modo alguno puede ya costearse exclusivamente con las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Si a lo anterior se une una posible desaceleración en la creación de empleo a partir de 2018 y el aumento de la población pensionista, la posibilidad de que nuestro sistema de protección social se acerque definitivamente al borde del precipicio parece más cierta que nunca, sin que medidas como la limitación a la revalorización de pensiones ya aplicada o el factor de sostenibilidad del sistema –a estrenar en un año– vayan a servir, aparentemente, de eficaz freno de emergencia.
Ante esta situación, tan prevista como conocida, se ha mantenido la habitual procrastinación –o, en términos más castizos el “esperar a que escampe”–, aunque, para tratar de conservar la calma de los votantes y contribuyentes, se hayan lanzado propuestas como la posibilidad ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria. Esta medida, por más que pueda ayudar a algunos pensionistas a mejorar su escasa pensión de jubilación, no solucionaría los problemas estructurales del Sistema Seguridad Social. Como tampoco los solucionarían la propuesta de tasas a las transacciones financieras e impuestos especiales a la banca, que quizás terminarían pagando todos los ciudadanos.
Ante este panorama, conviene recuperar la cuestión tanto tiempo aparcada de la supresión de los topes máximos de las pensiones, reclamación que goza de fundamentos suficientes para merecer, cuando menos, un análisis serio. Aunque pueda parecer contradictorio, por el obvio incremento del gasto que supondría, en ocasiones –como bien saben los expertos en extinción de incendios–, cuando las llamas amenazan con devastarlo todo, medidas aparentemente contradictorias como los contrafuegos son a menudo la única forma de combatir un incendio incontrolado.
No está de más, en este punto, comenzar recordando que el tope máximo de las pensiones públicas –incluidas las de la Seguridad Social– fue establecido hace 34 años por la ya muy lejana Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, fijándose en aquel momento como importe máximo a percibir por el pensionista, la cuantía de la base máxima de cotización a la Seguridad Social vigente en el año precedente, es decir la base máxima de cotización del año 1983.
Desde ese momento se introduce un “gap” o desfase entre base máxima de cotización y pensión máxima que, posteriormente, las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado fueron prácticamente manteniendo hasta el año 2011, momento en el que la diferencia se dispara para llegar en 2017 a un 45,8% en importe mensual (un 24,9% en total anual, dado que las pensiones se abonan en 14 meses al año y la cotización se efectúa en 12).
Fuente: elaboración propia
Desde el inicio de su aplicación, distintas asociaciones (como CEOMA, CAJUMA, FAPROPEM, Sección Nacional de Médicos Jubilados del Consejo General de Colegios Médicos de España, o la Asociación Española de Jubilados y Pensionistas de Organismos Sociales) han venido reclamando el “destope” de las pensiones, aunque sin éxito, posiblemente como consecuencia de la conocida insuficiencia de fondos del sistema de Seguridad Social.
Incluso la cuestión de la constitucionalidad de esta medida llegó a ser planteada al Tribunal Constitucional, que en su sentencia 134/1987 resolvió el debate validando la posibilidad de la limitación del importe de la pensión, si bien –y esto es muy importante– como medida de carácter temporal, pues alertaba sobre el hecho de que la reiteración sistemática de una disposición temporal como esta podría suponer, a la larga, una forma de sustraer al debate parlamentario ordinario una norma, incluyéndola sistemáticamente en el procedimiento de elaboración más restringido de una Ley de Presupuestos.
Pese a todo, parece que el cierre de la brecha entre bases y pensiones máximas no es objeto de planteamiento por parte del legislador, habiéndose consolidado esta situación por lo que solo un replanteamiento del funcionamiento de los topes de pensiones, dentro de un cambio global del sistema, permitiría satisfacer esas expectativas de mejora de las pensiones.
Para ello, una medida imprescindible sería incentivar el ahorro individual, en el marco del sistema público de pensiones, mediante cuentas nocionales (es decir personales) de modo que quienes más hayan contribuido puedan percibir una pensión superior sin tener que someterse a un límite máximo general e inamovible. Lógicamente y como correlato de lo anterior, entraría en juego el “destope” de las bases máximas, pero en este caso la cotización sobre el exceso de dicha base, que sería de carácter voluntario y con destino a la cuenta nocional, correría a cargo del trabajador, pudiendo efectuar igualmente cotizaciones la empresa, las cuales también podrían ser voluntarias o pactadas en el marco de la negociación colectiva.
Conseguido el incentivo a una mayor cotización, y a efectos de mejorar la sostenibilidad del sistema, una posibilidad sería establecer que un porcentaje de la aportación voluntaria adicional se destinase al fondo común del Sistema como compensación por los gastos de gestión y la garantía que supone el respaldo del Estado al sistema de ahorro personal.
Todo ello, combinado con la mejora en el tratamiento fiscal de las contribuciones voluntarias, favorecerían una mayor implicación de los propios trabajadores en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social que actualmente resulta imprescindible –como ya exponíamos en este otro artículo– dado lo poco conveniente, por sus efectos negativos sobre el empleo, que tiene aumentar las cargas sociales de las empresas –bastante superiores en nuestro país a la media de la OCDE– y el margen existente para aumentar la aportación de los trabajadores –en España se sitúa actualmente en un 6,4% del salario mensual bruto promedio del empleado, muy por debajo de las de Alemania, Francia o Italia, donde el tipo medio de cotización de sus trabajadores es del 20,5%, 14,2% y 9,5%, respectivamente–.
Se trata, en definitiva, de aprovechar la que puede ser la última oportunidad para hacer que nuestro sistema de Seguridad Social resulte atractivo para los trabajadores, que todos los que contribuyen vean realmente reconocido el valor de sus aportaciones y que las prestaciones de la Seguridad Social dejen de concebirse por los beneficiarios como un derecho automático desvinculado de su esfuerzo personal –y del de sus empleadores– realizado a lo largo de toda una vida profesional.
PD2: No cuentas con lo que hagan por nosotros, no van a ayudar nada. Prepáratelo tu solo. Tienes varias alternativas: hacerte un plan de pensiones privado, invertir lo que ahorres en fondos de inversión y no lo toques hasta la jubilación, lo que sea, pero debes hacer algo… Y cuanto antes, mejor…
El Factor Tiempo es uno de los que más influye en el resultado final de una inversión, en algunos casos, con más peso que el capital invertido.
La mejor forma de mostrar su incidencia es mediante un ejemplo, el caso de las hermanas Ana & Kati.
Ana y Kati son dos hermanas gemelas de 25 años. Las 2 deciden empezar a ahorrar para la jubilación. Lo hacen a través de un producto que da una rentabilidad del 10% anual.
Ana encuentra trabajo enseguida y decide ahorrar 1.000 euros anuales. Y así lo va haciendo hasta los 34 años, que se casa y decide dejar de trabajar.
Su hermana Kati no encuentra trabajo hasta los 35 años, pero a partir de esta edad consigue ahorrar 1.000 euros anuales hasta la edad de jubilación.
En resumen, Ana ha invertido 10.000 euros, entre los 25 y 34 años, mientras que Kati ha invertido 34.000 euros entre los 35 y los 67 años.
¿Cual de las 2 habrá acumulado más cuando se jubile?
Pues resulta que Ana, aportando menos que la tercera parte que su hermana, acumula casi el doble que ella. Sorprendente ¿Verdad?
Esto es así porque cuando Ana deja de trabajar, su dinero sigue trabajando para ella a un rendimiento del 10%. Concretamente, cuando Ana tiene 35 años, los rendimientos de su capital invertido ese año ya son mayores que el dinero que invierte su hermana. Y esta diferencia se va haciendo cada vez mayor.
En resumen, el rendimiento final del capital invertido es mucho mayor cuanto antes lo hayamos invertido, es decir, cuanto más tiempo esté trabajando para nosotros. Y esto es gracias a la fuerza del Interés Compuesto.
Después de este ejemplo teórico, les quiero mostrar una simulación del capital que se puede llegar a a cumular con un producto real: Estrategia-5. Este producto tiene una rentabilidad superior al 10% en los últimos nueve años, de todas formas, para ser conservadores, haremos la simulación con una rentabilidad inferior, del 8.68%.
Ejemplo, Isabel de 25 años aportando 100 euros mensuales hasta la jubilación.
Cuando se jubile Isabel, habrá acumulado 447.861 euros habiendo aportado sólo 50.000. Es decir, ha multiplicado su capital por casi 9 veces.
Muchos piensan que con la casa en propiedad les servirá para pagarse su pensión después. Lo dudo mucho ya que las hipotecas inversas son un timo, vender la casa y alquilar es complicado, ya que se vive mucho más de lo que se piensa, los números no salen bien. Y por encima de todo, tampoco sabemos dentro de unos años qué habrá pasado con el mercado inmobiliario… Los extranjeros preparan su jubilación, pero los españoles, miramos para otro lado, o protestamos porque nos la suben solo un 0,25% de mierda…
PD3: Desde siempre (por el pecado original) tuvimos la tentación de hacernos como Dios, de tener el poder de Dios, de decidir lo que está bien y lo que está mal. Esto se repite si cabe más agudamente en nuestros días. El demonio nos tienta y nos ofrece la ruptura con Dios. Ser como dioses, conocedores del bien y del mal, ser nosotros los que decidamos lo que se puede y no se puede hacer. Se produce un alejamiento de Dios: Yo soy la medida de todas las cosas, el que decide si esto está bien, o esto está mal. Echamos a Dios de este mundo.
Luchar contra este pecado es intentar ordenar el mundo y reconocer a Dios como su creador, para alabarle, darle gracias y amarle a Él y al prójimo.
No podemos estar indiferentes ante el pecado, ante lo que hemos hecho, ante lo que hacemos a diario. El hombre se escondía de Dios, se avergonzaba. El pecado desfigura al hombre. Hoy también, a pesar de que muchos no reconocen sus malos actos, ya que ellos deciden lo que está bien y lo que está mal.
Y en su misericordia, nos manda un salvador en la recreación, para redimirnos, nos hace hijos suyos y desde entonces le reconocemos como Padre.
