Es lo que se debería hacer, pero
no se intenta por no perder votos… Se le da todo a los pensionistas (la subida
del IPC), casi todo a los funcionarios (ya cobran más que el salario medio del
sector privado), y se le pide a las empresas que paguen más… ¿Sobrevivirán las
empresas a las subidas del salario mínimo? ¿Aceptarán subidas en los convenios
colectivos? ¿Habrá mucha presión?
Cotizaciones sociales, salarios públicos y pacto de rentas
Algunas
de las partidas de los PGE encierran detalles cuyas implicaciones no son
percibidas a simple vista. He aquí algunas de las más importantes
Como
suele ocurrir con motivo de la presentación de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE), en las últimas semanas asistimos a
un enconado debate sobre la fiscalidad, las políticas de gasto y la dirección
de la política presupuestaria. Los ingresos y gastos proyectados en los PGE reflejan las
prioridades del Gobierno condicionadas a su previsión de crecimiento. Sin
embargo, algunas de las partidas de los
PGE encierran detalles cuyas implicaciones no son percibidas a
simple vista.
Los PGE recogen la revalorización
prevista de las pensiones con el IPC y
el aumento pactado de los salarios de los empleados en el sector
público. Las implicaciones de estas dos medidas exceden su
impacto sobre el gasto del sector público, pues pueden afectar a la negociación
salarial en el sector privado, un aspecto importante en el actual contexto de
elevada inflación. De hecho, no han sido pocas las voces que ya han propuesto
que lo negociado en el ámbito del sector público sirva de base para lo que
resulte de la negociación entre empresas y trabajadores. No en vano, muchos
economistas llevamos tiempo reclamando que un eventual pacto de rentas
incluyera también a pensionistas y funcionarios.
Las pensiones en el año 2023
crecerán un 8,5 por ciento, para compensar la pérdida de poder adquisitivo
debida al crecimiento medio del IPC durante 2022. Sin embargo, la inflación del
IPC en 2022 será muy superior al crecimiento del deflactor del PIB, siendo la
diferencia el resultado del aumento de los precios de las importaciones. El
proceso inflacionista originado por un aumento en el coste de los productos
importados significa que España está transfiriendo renta al resto del
mundo, en especial a los países de los que importamos materias
primas más caras. El coste de dicha pérdida de capacidad adquisitiva en
términos de consumo (aproximadamente un 4% del PIB según las estimaciones de BBVA
Research) debería ser asumido de manera equitativa por amplios
sectores sociales. Cualquier intento de un colectivo de protegerse contra esta
pérdida de renta que afecta al país en su conjunto tiene dos consecuencias:
reduce aún más la capacidad económica de otros colectivos y puede seguir
alimentando la inflación.
La subida del 8,6% de las
bases máximas de cotización no sólo aumenta los costes laborales, sino que
tendrá también un efecto desincentivador en la creación de empleo
La revalorización de las pensiones
se financiará incrementando la deuda del conjunto de las Administraciones
públicas y con impuestos más elevados, como los incrementos anunciados de las
cotizaciones a la Seguridad Social. El aumento previsto de los ingresos de
cotizaciones a la Seguridad Social en los PGE, en parte debido al incremento
del tipo de cotización en 6 décimas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional
que entrará en vigor en 2023, es casi el doble que el crecimiento esperado del
PIB nominal. Aun así, será insuficiente para reducir el déficit del sistema
contributivo de pensiones. Este aumento en el coste laboral supone un
sobreesfuerzo adicional para las empresas, tras el aumento del precio de la
energía, las materias primas y los bienes intermedios, y de otros impuestos,
creciendo la probabilidad de tensiones adicionales en la inflación por los
efectos de segunda ronda. Aquellas empresas con problemas para trasladar el
aumento de costes a precios, ante la caída de sus márgenes de producción,
podrían verse abocadas a reducir su actividad o su creación de empleo, o
aumentar menos los salarios, con el consiguiente impacto negativo sobre las
rentas agregadas del trabajo. Adicionalmente, la subida del 8,6% de las bases
máximas de cotización no sólo aumenta los costes laborales, sino que tendrá
también un efecto desincentivador en la creación de empleo, particularmente en
los niveles de cualificación más elevados. Para evitar estos efectos
negativos sería necesario que los trabajadores asumieran
estos aumentos de las cotizaciones sociales como un salario diferido,
reduciendo en la misma cuantía su salario corriente. Sin embargo, parece muy
poco probable que esto ocurra, teniendo en cuenta que la subida de las bases
máximas excede el crecimiento de los salarios, no sigue una regla estable y
predecible en el tiempo, y no se percibe que se puedan garantizar futuras
pensiones proporcionalmente más elevadas dado el abultado déficit ya existente
en el sistema.
En el
Gráfico siguiente puede observarse la cuña impositiva sobre las rentas del
trabajo que implican las cotizaciones sociales, el IRPF y los impuestos
indirectos, de acuerdo con la definición del Premio Nobel Edward C. Prescott (2004). La diferencia
respecto al 100% indica el porcentaje de la renta disponible para adquirir
bienes y servicios, una vez descontados los impuestos sobre el trabajo y los
impuestos indirectos. Desde el año 2015 la cuña impositiva sobre el trabajo no
ha hecho más que aumentar, alcanzando niveles históricamente elevados a partir
de 2017 y creciendo casi en 10 puntos porcentuales desde la
Gran Recesión hasta la actualidad. Sin embargo, este incremento
no se ha visto compensado por otro de magnitud similar en la eficiencia en la
provisión de bienes y servicios públicos. El aumento en las cotizaciones a la
Seguridad Social previsto en los PGE del año 2023 supondrá otra vuelta de
tuerca a esta cuña fiscal hasta alcanzar previsiblemente valores por encima del
47%.
Lo que no parece
trasladable con carácter general es la rebaja de la jornada del trabajo en un
6,7%, de 37,5 a 35 horas semanales, y que segmentará aún más el mercado de
trabajo entre el sector público y privado
En cuanto al acuerdo salarial
para los empleados públicos pactado recientemente, la subida del 3,5% en 2022
(hasta el 3,5% en 2023 y 2,5% en 2024), en línea con el crecimiento del
deflactor del PIB, resulta en principio una buena guía para el sector privado,
con la que evitar los temidos efectos de segunda ronda.
Lo que no parece trasladable con carácter general es la rebaja de la jornada
del trabajo en un 6,7%, de 37,5 a 35 horas semanales, y que segmentará aún más
el mercado de trabajo entre el sector público y privado. Reducir las horas en
esta cuantía, junto con la subida salarial del 3,5% en 2022, equivale a un
aumento salarial anual por hora trabajada de un 10,2%, muy por encima del
crecimiento observado hasta ahora en el deflactor del PIB. Dicha subida del
salario por hora en el sector privado se antoja inasumible, cuando se añade a
los otros aumentos de los costes laborales que ya hemos comentado. Las
reducciones de jornada deben venir acompañadas por aumentos de productividad o
ajustes salariales, y deben ser en cualquier caso evaluadas. No
hay constancia de que este haya sido el caso en el sector público lo que, a su
vez, plantea serias dudas sobre cómo repercutirá en la calidad de la provisión
de los servicios públicos o en sus futuras necesidades de empleo.
En conclusión, el entorno económico actual caracterizado por una elevada tasa de inflación requiere el consenso entre los agentes económicos para evitar los temidos efectos de segunda ronda. La falta de este consenso en el reparto equitativo del coste económico que impone una inflación de origen importado y el fracaso en la implementación de un pacto de rentas puede conducir a una situación con una inflación enquistada con tasas elevadas, menos actividad económica y el empobrecimiento de los colectivos con menor capacidad de negociación. En este contexto, el aumento de las cotizaciones sociales y de la cuña fiscal, y la reducción de la jornada de trabajo en el sector público suponen una presión inflacionista que implica un peligro para el crecimiento equilibrado de la economía española.
Abrazos,
PD1: Nos encanta discutir a los
españoles… Deberíamos aprender a callar y evitar esos acaloramientos que se
producen…
Me ha gustado lo de tener la paz, eso que los cristianos conseguimos estando cerca del Señor…
