El Estado está cobrando más por la inflación, pero no se vislumbran recortes de gastos superfluos, sino todo lo contrario. Y así esto no funcionará…

Las ensoñaciones fiscales de los brexiteros (y de la izquierda española)

En un país con elevado nivel de gasto público y con una deuda pública cercana al tamaño del PIB, no existe margen de bajada neta de impuestos sin ajustes de gastos

La furibunda reacción de la izquierda española a la crisis británica, aprovechando la ocasión para intentar justificar su injustificable política impositiva, y el debate consiguiente han hurtado a la opinión pública aspectos esenciales de dicha crisis. Una crisis en cuyo desencadenamiento las rebajas impositivas han desempeñado un papel mucho menos importante que el que le atribuyen los portavoces del gobierno y medios afines. En lo inmediato, se trata esencialmente de una típica crisis de credibilidad provocada por medidas y objetivos de política económica inconsistentes entre sí, crisis por cierto no muy diferente de la que se cierne sobre la gestión económica del gobierno socialcomunista de nuestro país. En lo mediato, en lo concerniente a las causas últimas, hay que remontarse al Brexit.

Desde 2016, el crecimiento anual del PIB del Reino Unido ha sido un punto inferior al que habría conseguido si hubiera seguido en la UE

En efecto, en el principio fue el Brexit. Impulsados por una mezcla tóxica de ignorancia o autoengaño y nostalgia imperial, el grueso del partido conservador británico pensaba que a partir del primer día fuera de la UE la renta del Reino Unido aumentaría por el monto de las transferencias fiscales netas a la Unión previamente existentes. A medio y largo plazo, además, liberado de las cadenas de la pesada carga regulatoria, así como de la política comercial proteccionista y demás restricciones de la UE, creían o querían creer que el Reino Unido podría acelerar su crecimiento económico y alcanzar niveles de renta per cápita similares a los de Suiza o Singapur. Junto con la reducción de las transferencias fiscales y las trabas regulatorias de los mercados de bienes y servicios impuestas por la pertenencia a la UE, las piezas esenciales de la nueva ruta hacia la prosperidad serían el establecimiento de acuerdos comerciales con los países extracomunitarios más liberales que los acordados por la UE y la rebaja de la imposición empresarial y de las rentas del capital.

Desde el referéndum de junio de 2016 se han llevado a cabo una amplia batería de estudios sobre las consecuencias del Brexit y todos, sin excepción, estiman un daño significativo para la economía británica tanto a corto como a medio y largo plazo, en contra de lo que sostenía la taimada propaganda del UKIP (partido independentista británico) en la que aparentemente creían la mayoría de los tories. Uno de estos estudios (Born et alia,“The Costs of Economic Nationalism: Evidence from The Brexit Experience, Economic Journal 129, 2019) calcula que desde 2016 el crecimiento anual del PIB del Reino Unido ha sido un punto inferior al que habría conseguido si hubiera seguido en la UE. Ante esta incontestable evidencia, el partido conservador, que permitió y alentó la salida de la UE, está presionado para adoptar medidas que cuanto menos restauren el potencial de crecimiento del país. Es importante mantener esta perspectiva del Brexit porque está íntimamente vinculada con las decisiones que han desencadenado la crisis e indudablemente seguirá influyendo pesadamente en la política británica.

El verdadero detonante de la crisis: el aumento del gasto público y, más específicamente, el aumento derivado del enorme monto de las ayudas comprometidas para paliar los efectos de la crisis energética

Veamos ahora la crisis. Ante todo, se ha de señalar que es un error calificar el Partido Conservador como neoliberal por haber propuesto bajadas de impuestos a las rentas empresariales y del capital, una etiqueta que ciertamente se adaptaría más cabalmente a las políticas de otros países con niveles bajos de estos impuestos como los citados Suiza y Singapur o Irlanda, por señalar un país dentro de la UE. En 2019, antes de la pandemia, el gasto público en proporción al PIB alcanzaba el 14% en Singapur, el 31,5% en Suiza y el 24,2% en Irlanda, mientras que en el Reino Unido suponía el 39%. En 2021, las cifras correspondientes eran 12%, 35%, 24,9% y 44,6%. Como se puede constatar, el nivel y la deriva del gasto público en el Reino Unido eran sustancialmente mayores que los de los países cuyo bienestar económico pretendía emular. Había propuestas para equipararse a sus niveles impositivos pero ni rastro de propuestas de racionalización o control del gasto público como las existentes en esos países, sino más bien todo lo contrario.

Esto nos lleva al verdadero detonante de la crisis, una crisis que a mi juicio se habría producido incluso sin los anuncios de bajadas impositivas: el aumento del gasto público y más específicamente el aumento derivado del enorme monto de las ayudas comprometidas para paliar los efectos de la crisis energética. Estas ayudas suponían alrededor del 5% del PIB, una magnitud sólo comparable a las concedidas en Alemania, cuya economía es más dependiente que la británica del gas en general y del gas ruso en particular. Pero a diferencia de Alemania, el gobierno británico se comprometió a mantener dichas ayudas durante dos años. Con el agravante de que las elecciones generales en el Reino Unido están previstas justamente dentro de dos años, por lo que los mercados anticiparon que se extenderían al menos otro año más. En estas circunstancias, la presentación del presupuesto, aumentando además otras partidas de gasto público y reduciendo los impuestos antes señalados precipitó la crisis.

En un país con elevado nivel de gasto público y con una deuda pública cercana al tamaño del PIB, no existe margen de bajada neta de impuestos sin ajustes de gastos. Se pueden bajar impuestos con potencial de dinamizar la economía y generar aumentos de ingresos públicos a medio plazo pero sólo si se acompañan de subidas de otros impuestos que garanticen el avance o mantenimiento de los ingresos a corto plazo. Pero ni siquiera esto es posible si al mismo tiempo se está disparando el gasto público.

La ensoñación del socialcomunismo en España es creer que se puede pagar un aumento descomunal del gasto público estructural mediante subidas de impuestos directos a las rentas altas, una quimera simétrica a la de los brexiteros. La pertenencia de nuestro país al euro y el transitorio crecimiento extra de los ingresos públicos generado por la inflación retrasan pero no eliminan el brusco encontronazo con la realidad que nos espera.

Ayer nueva subida de 0,75% de los tipos en Europa. El BCE necesita enseñar los dientes, pero sabe que la inflación es más de oferta (costes energéticos) que de demanda (salarios reales), que eso limita mucho la efectividad de las subidas de tipos para contener los precios y que además genera contraindicaciones serias. Frenará la subida que será de 50 pb la siguiente para terminar con otra de 25 pb…