Menudo cacho globo sonda lanza el pavo…, para preparar lo que tiene que venir irremediablemente:
Tomás Burgos avisa de que “la relación entre pensión y salario tiene que ser más realista”
El secretario de Estado de la Seguridad Social señala que las nuevas prestaciones añaden una "sobrepresión económica muy importante al sistema"
El máximo responsable de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha advertido de que las nuevas pensiones están añadiendo “una sobrepresión económica al sistema muy importante”, según ha explicado al acabar su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Congreso. Ante los diputados, Burgos ha explicado que la tasa de sustitución de las nuevas altas de jubilación —cuantía de la pensión sobre el salario medio— se sitúa en el 94,3%. Después ante la prensa ha sido cuando ha subrayado esa “sobrepresión” y ha apuntado que esa tasa es de las más altas de los países miembros de la OCDE. Ha señalado que esto se produce por la “cierta facilidad con la que se adquieren derechos de jubilación” y ha avisado de que “la relación entre pensión y salario tiene que ser más realista”.
Al Ejecutivo le preocupa la tendencia al alza que tiene la tasa de sustitución en España. Para apuntalar esto, el secretario de Estado de la Seguridad Social se ha presentado en el congreso con una batería de datos que sostienen esta evolución: la relación entre el salario medio y la pensión media del sistema es del 59,2%, pero en las nuevas altas sube hasta el 69%; si se toman solo las prestaciones de jubilación, el promedio total es del 68,3% y el de las nuevas del 86,8%; y si de estas se toman solo las de los asalariados, la relación es del 77,8% frente al 94,3%.
Todos estos datos meten “una sobrepresión económica al sistema muy importante”, en palabras de Burgos, que ha cuantificado: si en 2016, el efecto sustitución suponía 1,6 puntos en el incremento porcentual del gasto en pensiones; en 2017, añade 1,7 puntos.
¿Por qué sucede esto? Burgos no ha bajado al detalle y ha apuntado a cómo funcionan “los parámetros del sistema”, es decir, las condiciones que se exigen para tener derecho a pensión y los elementos de las carreras de cotización (años, cuotas pagadas, edad de jubilación, coeficientes de reducción si el retiro es anticipado…) que se toman para calcular la cuantía de la primera prestación del pensionista.
“El efecto de las nuevas entradas hace que estén mejorando mucho la situación de las nuevas pensiones en vigor. Cada vez se protege más porque las pensiones son más altas”, ha abundado Burgos. Y ha comparado esta situación con la que se produce en otros países de la OCDE, que ha recordado tienen esta tasa más baja. También se ha acordado Burgos en sus palabras ante los periodistas de que los países de este club de estados desarrollados que tenían esta ratio alta han tenido que aplicar recortes y ha mencionado Grecia y Portugal.
No obstante, a la hora de hacer comparaciones internacionales, hay que tener cuidado porque esos parámetros de los que habla Burgos son diferentes. Por ejemplo, Alemania, país referente por muchos motivos, tiene una tasa de sustitución sensiblemente más baja que la española. Sin embargo, en este país se reconoce pensión contributiva solo con cinco años cotizados, lo que en teoría da acceso a más gente y con menos derechos, y no tiene un sistema pensiones de jubilación mínimas, por lo que la media está afectada por eso y, también, por los sueldos más altos. España, en cambio, exige 15 años de cotización, lo que limita el acceso pero incrementa los derechos, y sí cuenta con una pensión mínima, que lógicamente tira al alza de la media.
A pesar de esto, Burgos ha apuntado que “moderar esas tasas no significa que los pensionistas vayan a tener pensiones más bajas sino que la relación entre pensión y salario tiene que ser más realista”. En este razonamiento se presupone que los sueldos tienen que subir a un ritmo más alto de lo que lo hacen las pensiones iniciales, algo que en definitiva supone endurecer esos “parámetros” de los que habla Burgos, ya que según ha dicho hay “cierta facilidad con la que adquieren derechos de pensión”.
Reformas del sistema
Las pasadas reformas del sistema han perseguido reducir esta tasa de sustitución. Sin embargo, y dada su entrada en vigor progresiva, esta tasa ha subido a tenor de los números expresados Burgos. Por ejemplo, en 2011 además de retrasar paulatinamente la edad de jubilación también se aumentó lentamente el número de años con los que se calcula la pensión inicial de 15 a 25 (en 2017 se toman los últimos 20 años cotizados). En 2013 se endureció el acceso al retiro anticipado aumentando los coeficientes reductores, pero también se estableció un periodo transitorio para quienes habían perdido su empleo antes de esa fecha.
Aunque la medida que, según todos los expertos apuntan, tiene más potencia todavía no ha entrado en vigor: el factor de sostenibilidad. Esto no es más –ni menos- que un nuevo parámetro que ligará la pensión inicial del jubilado nuevo a la esperanza de vida. Comenzará a aplicarse en 2019. Diferentes cálculos efectuados últimamente estiman que esto supondrá una reducción real de la pensión inicial. Por ejemplo, un estudio de finales de 2016 del actuario Enrique Devesa, uno de los expertos consultados por el Gobierno para diseñar el Facto de Sostenibilidad en 2013, lo ilustra así: un jubilado que se retire en 2019 y tenga derecho a una pensión de 1.000 euros, cobrará 36 euros más que alguien que se retire 10 años más tarde a la misma edad y con una carrera de cotización idéntica.
Abrazos,
PD1: Llevamos desde el final de 2015, quinientos y pico de días sin legislar nada en el parlamento. Un año entero por no tener Gobierno, y desde que se formó hace muchos meses, porque no se legisla nada, nada puede salir… Y el follón que tenemos con las pensiones es prioritario, ¿o no?
El impacto demográfico, el empleo y las pensiones
El mejor escenario de incremento de cotizantes es insuficiente para garantizar las prestaciones
Estos días hemos leído con profusión de detalles los resultados de una investigación científica que habría logrado prolongar la vida media de unos ratones de laboratorio, que sabiamente aplicado al género humano ayudaría a combatir el envejecimiento, una tarea en la que se trabaja en unos cuantos laboratorios universitarios y sobre la que los más optimistas esperan resultados tales como para hablar de la inmortalidad. Aunque la mente humana da para mucho, admito que la mía no da para tanto, y me conformo con saber, como la experiencia dice, que el envejecimiento puede retrasarse, pero que la eterna juventud se queda en la ficción que retrataba a Benjamin Button, una réplica del personaje que relató con una sonrisa genial Miguel Gila en uno de sus Cuentos para dormir mejor, en el que un hombre nacía anciano, descumplía años y terminaba en el útero materno.
Lo cierto es que la ciencia da por ahora para que cumplir cien años sea cada día un poco más común y que quien lo logre lo haga con cierta lucidez. Los cálculos de los demógrafos de Estadística pronostican que si ahora hay en España 16.460 personas con cien años o más (vivimos en uno de los países que lideran la esperanza de vida), dentro de cincuenta años habrán alcanzado ese umbral 222.104 paisanos.
¿Quiere usted ser uno de ellos? ¿Está usted preparado para vivir cien años? Esta última atrevida pregunta plantea una explícita campaña de promoción del ahorro a largo plazo de la gestora de fondos de pensiones Bestinver, y que, a juzgar por la evolución de la esperanza de vida, parece muy pertinente. Lo que puede considerarse una especie de suerte individual, se convertirá en un problema colectivo, puesto que ni el sistema sanitario ni el de pensiones están preparados para absorber el impacto del envejecimiento, y solo lo estará cada vez mejor si los responsables públicos toman las decisiones acertadas en tiempo. El envejecimiento camina muy lento, pero no para nunca; es como un inmenso tsunami que se divisa en el horizonte y que terminará aplastándonos si no aceleramos el paso.
La comisión del Pacto de Toledo lleva unos meses tomando consulta a los expertos de las más diversas materias para formar opinión, y deberá rendir un informe detallado sobre qué hacer para acoplar la Seguridad Social a la realidad dinámica del futuro en los próximos meses, antes de verano según su compromiso. Casi todas las circunstancias, casi todas las variables que componen el escenario, juegan en contra y aconsejan premura. Pero ahora más que nunca es obligado que los gestores públicos miren al futuro, allí donde vamos a vivir el resto de nuestra vida con cerca de cien años cumplidos, porque la irrupción lenta de la senilidad es un shock demográfico que cambia la configuración del país.
Calcular la dimensión de la estructura poblacional no es nada fácil, porque hay variables indómitas, como la natalidad o los movimientos migratorios, que mayoritariamente están inducidos por la marcha de la economía, sometida a su vez al humor y la suerte de ciclos imprevistos. Pero lo que sabemos ahora, según las proyecciones de Estadística, aconseja ponerse muy serios para gestionar la tercera edad, tanto por su coste sanitario como por la remuneración del retiro, que necesariamente descansará en las espaldas de los activos.
España enfrenta una reducción de población seria en las próximas décadas: de los 46,5 millones de moradores actuales, tendrá 46 millones en 2031; 45,2 en 2041; 44,1 en 2051, y solo 41 millones en 2066. Y en paralelo experimentará un envejecimiento muy severo, con pérdidas muy fuertes en las cohortes de 30 a 49 años (un 26% menos en 15 años y un 40% menos en 2066, umbral más lejano de las previsiones del INE).
Esta circunstancia, unida a la pérdida de vigor de la natalidad, provocará un desplazamiento de la pirámide de edades hasta ofrecer la silueta de la isla de La Palma, con riesgo aparente de desmoronamiento. Dentro de solo 15 años (parece que fue ayer cuando llegó el euro a nuestras manos y han pasado 15 años), es decir, mañana, en España residirán casi 12 millones (11,7) de mayores de 64 años, un 34,8% más que ahora, 3 millones de personas más; pero se elevará hasta 14,2 millones (un 63% más) dentro de 50 años.
De otra forma: si hoy el porcentaje de gente con 65 años o más es del 18,7% de la población, en 2031 será del 25,6%, y en 2066, del 34,6%. Gráficamente: si hoy la tasa de dependencia, expresada como porcentaje de moradores de menos de 16 años y mayores de 64 respecto al resto, es del 53,5%, en 2031 será del 62,2%. Si yo fuese el gestor de las pensiones, estaría francamente asustado.
Este deterioro poblacional se produce por el debilitamiento de una de las variables vegetativas, que no es otra que la sustitución de fallecimientos por nacimientos, que se desequilibra por la pérdida de pulso de la natalidad. Si ahora ya hay un descenso vegetativo de la población de 3.000 personas al año, a partir de 2025 el flujo negativo será de más de 100.000 al año, de más de 200.000 a partir de 2050 y de 300.000 desde 2065.
La virtud de los prodigios médicos de los que hablábamos al principio será llevar la esperanza de vida poco a poco al umbral psicológico de los 100 años. Hoy está en los 80,2 para los hombres, que alcanzarán los 85 en 2041 y los 88,6 en 2065. Pero las mujeres, más longevas, que ya viven hoy 85,7 años de media, llegarán a los 89 en 2041 y a los 91,6 años dentro de medio siglo. Este espectáculo de la salud supondrá que si ahora un pensionista varón lo es por 19 años, lo será por 22 en 2041; si la mujer lo es ahora por 23 años, lo será por casi 26 en 2041.
En términos financieros, esos que deben asustar al responsable de la Seguridad Social, hoy un pensionista que se acaba de jubilar costará 276.640 euros constantes, que se habrá costeado con sus aportaciones; pero en 2041, si se hubiese congelado el valor del dinero, tendría un coste de 320.320. Si fuese mujer, en tal fecha empezaría a cobrar una prestación que acumularía una nómina de 378.560 euros. Y todo ello sin tener en cuenta que cada pensión nueva de jubilación es de partida un 32% más elevada que la que causa baja por defunción el mismo día. Añadir tal porcentaje de forma dinámica arrojaría unas cifras de coste individual muy difíciles de asumir, si bien es cierto que la subida de las cotizaciones medias no es permanente y que la devaluación salarial desde 2010 tendrá sus efectos en las cuantías de las pensiones, como ya hoy las tiene en los ingresos.
Ese atribulado gestor de las pensiones públicas ya admite que “los retornos que proporcionan ahora las pensiones no son realistas, y deberían serlo”, que es tanto como decir que “son muy elevadas, no son soportables financieramente y deben bajar”. De hecho, hoy el sistema de pensiones tiene un déficit de unos 17.000 millones de euros, que será creciente si no se hace nada, puesto que los caladeros ocasionales de ingresos extras se han agotado.
Las fórmulas para lograr recursos estructurales adicionales y evitar el recurso a la deuda son muy variadas, pero ninguna por si sola resuelve el crucigrama y ninguna es indolora. Si aquellas que modifican lentamente el escenario generan anticuerpos para soportar el dolor, el cuadro clínico aconseja administrar también alguna píldora de efecto inmediato. De tal categoría puede calificarse al factor de sostenibilidad, que a partir de 2019 ajustará la cuantía de las nuevas pensiones a las circunstancias económicas, financieras y demográficas esperadas, de tal guisa que supondrá, sin muchos esfuerzos, recortes de las pensiones notables cada año (no menos del 2% anual) si antes no se hace nada, y pese a que está en vigor una transformación profunda, pero lenta, de la edad de jubilación y de las cotizaciones consideradas para calcular la pensión.
Debe haber, por tanto, medidas adicionales, porque una sola no será suficiente. Veamos qué efecto puede tener cada una de las que maneja la doctrina.
Elevar, otra vez, la edad de jubilación. Ahora está en 65 años y cinco meses, y llegará a los 67 de edad en 2027. Pero cada vez más se habla ya de llevar más allá de los 67 años el retiro; se plantea incluso llegar a los 70 años, aunque solo de forma marginal en algún país está regulado ahora así. Un año más para el retiro supone que cada persona cotiza un año más, lo que reporta al sistema unos 2.600 millones de euros, además de los 6.400 millones adicionales que supone de ahorro de pensiones; en total, la operación de retrasar un año por ley y ejecutarlo supone unos recursos adicionales de 9.000 millones. Dado que el desfase actual de las cuentas es de unos 17.000 millones, bastaría con retrasar dos años la jubilación para equilibrar las cuentas, si se aplicase de forma inmediata. Claro que no se debe olvidar que por cada año que se prolongue la esperanza de vida hay un coste adicional también de 6.400 millones.
Subir un punto, o dos, las cotizaciones. De hacerlo se plantea solo en la aportación del trabajador, pues las cuotas patronales son un impuesto al empleo, y no están las cosas como para subirlas con una tasa de paro del 18%. Cada punto de subida de cotizaciones aportaría unos 3.650 millones de euros (7.300 millones los dos puntos), que lógicamente se restarían de la renta disponible de los asalariados o autónomos. Restringiría el consumo a corto, pero consolidaría la seguridad financiera colectiva e individual a largo plazo.
Llevar el empleo a 20 millones de cotizantes. Por cada medio millón de empleos generados en los últimos años, con las bases medias actuales, supone una aportación adicional de 2.900 millones de euros, una cantidad que llegaría a cerca de 12.000 millones cuando se alcanzasen los 20 millones de cotizantes. Esta medida, de cumplirse una vez que transcurran tres años, sumada a la anterior, podría absorber también el déficit anual generado ahora; pero seguramente llegado aquel momento el desfase será superior. Por tanto, una sola medida se antoja insuficiente.
Cambiar la escala de aseguramiento. Lo pide a gritos el sistema para alinear con otros países europeos los porcentajes de retorno de la primera pensión respecto del último salario, tal como reconocen los gestores del sistema. Se logra exigiendo más años de cotización, prolongando a toda la vida laboral las bases de cotización que determinan la pensión, y proporcionando con una fórmula más exigente menos prestación sobre la cotización. Hay mecanismos para hacerlo más indoloro y tendrá sus efectos si en paralelo se aplican algunas de las citadas antes.
Excluir viudedad y orfandad del sistema contributivo. Ahora cuestan 23.000 millones, y si fuesen financiados con impuestos (o deuda) las cotizaciones podrían soportar las pensiones. Tanto una prestación como la otra carecen de un carácter contributivo directo, y es lo lógico financiarlas con impuestos generales.
Y, por último, adelantar de manera drástica todo el calendario de la última reforma. Acelerar el retraso de la jubilación a los 67 años, así como el número de años considerados para calcular la primera pensión. Legalizar desde ya 67 años de retiro es la herramienta más potente para elevar los ingresos.
PD2: Ni “hacer las paces” con mis pecados, ni “perder la paz” ante ellos... Somos muy repetitivos a la hora de confesarnos. Siempre de lo mismo, maldita soberbia. Pero no dudemos en pasar por el confesionario para recuperar la paz, para salir mucho más alegres tras el perdón. ¡Qué gran sacramento nos dejó el Señor! Nos perdona. Él nos perdona, no el cura que nos atiende, para volver a ser su amigo.
