20 mayo 2014

20 mayo 2014 Pensiones: ¿vamos al modelo americano de los 401K?

¿Hacia el modelo americano de los 401ks?

¿Podríamos tener en España un sistema similar o parecido a los 401ks?

Una de las propuestas de la Comisión de expertos para la reforma tributaria, dirigida por Manuel Lagares, hace referencia a la aplicación del régimen fiscal de los planes de pensiones a las aportaciones a “cuentas bancarias especiales” que cumplan con los mismos requisitos de indisponibilidad (es decir, el dinero invertido en esas cuentas se recuperaría una vez cumplida la jubilación o bajo determinadas circunstancias - paro de larga duración o enfermedad grave) y asignación que los planes y fondos de pensiones.
La propuesta pretende extender el privilegio fiscal de los actuales planes de pensiones a otros vehículos financieros (englobados en una cuenta bancaria especial) y menciona explícitamente el caso de los planes 401ks existentes en los Estados Unidos.
¿Qué son los 401k?
Los 401k en (se llaman así porque corresponden al código número 401 del equivalente a nuestra Agencia Tributaria) son, en realidad, mucho más próximos a los planes de empleo que conocemos en nuestro país que a los planes de pensiones del sistema individual.  En este sentido hay que decir que la propuesta de la comisión de expertos no vincula esas cuentas bancarias especiales a una determinada relación laboral por parte de los partícipes. Da la sensación de que esas cuentas podrían ser accesibles a cualquier persona física, al igual que los actuales planes de pensiones del sistema individual (pero la duda – no es la única - queda en el aire).
Los planes 401ks en Estados Unidos son en todo caso planes en los que el propio trabajador aporta un determinado porcentaje de su sueldo, porcentaje que puede negociarse con la empresa. En muchos casos (y esta es una de las ventajas de los 401ks) la propia empresa incentiva tales aportaciones destinando un porcentaje idéntico a dicho plan en beneficio del trabajador. Es lo que se conoce como el “matching contribution”.
Ahora bien también hay que decir que estas cuentas 401ks no llegan a todos los trabajadores. Según el Federal Bureau of Labor Statistics apenas la mitad de los trabajadores pertenecientes a empresas de menos de 100 empleados tienen acceso a estas cuentas de jubilación frente a un 70% para los trabajadores de compañías de hasta 500 empleados y 86% para las compañías más grandes.
Dicho esto, la gran ventaja de los 401ks es que los trabajadores pueden deducirse las aportaciones pero hasta un determinado límite (5.500 dólares para el año 2013 – comparado con una deducción máxima de 10.000 o 12.500 euros en el caso de nuestros planes de pensiones).
A diferencia de nuestros planes de pensiones, el partícipe sí puede recuperar su inversión antes del momento establecido pero a costa de una fuerte penalización (un 10% del importe de la cuenta). Además la empresa retendrá un 20% de la cantidad para hacer frente al pago de impuestos.
Un asunto que no aborda explícitamente el documento elaborado por la Comisión Lagares (y que es de suma importancia) es el de los instrumentos financieros que podrían formar parte de estas cuentas bancarias especiales. Si tomamos como referencia los 401ks estadounidenses la mayor parte (vea gráfico adjunto) del patrimonio se instrumenta a través de fondos de inversión.
La oferta de fondos y de otros instrumentos (guaranteed investment contracts (GICs), “variable annuities”, etc) dependerá del promotor del plan. En general, la media de los planes ofrece entre 8 y 12 alternativas de inversión. Algunos planes ofrece únicamente fondos de inversión y otros permiten, incluso, acceder a una cuenta de un bróker (mediante el pago de una comisión) – llamado “brokerage window” - y a partir de ahí el partícipe podría comprar acciones, ETFs, bonos u otros fondos de inversión (aunque estos fondos suelen tener unas comisiones más altas que los ofrecidos directamente por el plan).
Por defecto la empresa canaliza las aportaciones del trabajador a través de una determinada inversión (un fondo de ciclo de vida o un fondo mixto), pero es importante precisar que el propio trabajador puede renunciar a esa inversión por defecto y decidir él mismo cómo invierte sus aportaciones al plan. En algunos casos, el trabajador también tiene libertad para invertir las cantidades aportadas por la empresa; en otros, es la empresa la que toma unilateralmente esa decisión (invirtiendo, por ejemplo, las aportaciones en acciones de la propia compañía). 
No estaría nada mal si esto se produjera… Abrazos,
PD1: Hay peligro para la generación del babyboom

¿Las pensiones públicas están en peligro?

La gravedad de la crisis ha colocado en una delicada situación al sistema público de pensiones y, por extensión, a la Seguridad Social. Han saltado por los aires todos los pronósticos de estabilidad que realizó el Gobierno anterior, cuando aventuró que el sistema de protección no tendría un déficit permanente hasta finales de la próxima década.
La acusada destrucción de empleo desde el tercer trimestre de 2007 ha acelerado una situación que puede ser muy complicada cuando en la próxima década comiencen a jubilarse las cohortes de trabajadores que nacieron durante la explosión de la natalidad en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado. Nunca el sistema de pensiones ha tenido que hacer frente a oleadas de jubilaciones como las que se van a producir en los próximo años –ver página 30–.
Es verdad que, según las últimas previsiones que ha enviado a la Comisión Europea, el Gobierno calcula que la Seguridad Social recuperará su equilibrio en 2017, si entonces el Producto Interior Bruto (PIB)consigue crecer un 3%. Claro que, en principio, esta cifra es incompatible con un ritmo de creación de empleo que reducirá la tasa de paro al 20% de la población activa.
Es una perspectiva muy modesta para hacer posible el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Máxime teniendo en cuenta que buena parte de esa reducción del desempleo puede deberse a que muchos inmigrantes y españoles buscan trabajo fuera de España.
En segundo lugar, ya el cuadro actual de la Seguridad Social es extraordinariamente preocupante. En los momentos más bajos de la afiliación durante la crisis económica –2013– la pérdida de cotizantes ha llegado a 3.302.243.
Por esta razón, las cotizaciones sociales sólo representan el 78% de los ingresos de la Seguridad Social. Justo en un momento en el que el sistema de pensiones públicas supone el 10,7% del PIB, 6 décimas más que en 2013 y el mayor porcentaje de la riqueza nacional de la Historia de España.
Las variables del sistema
Es más, el gasto va a seguir creciendo en los próximos años porque, como consecuencia del envejecimiento de la población, el mercado de trabajo y la negociación colectiva, las variables del sistema de pensiones evolucionan de forma paulatina, pero constante.
El gasto en pensiones contributivas previsto para este año asciende a 112.102 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,4% respecto a 2013. Incremento que contrasta con la previsión de inflación media de la Comisión Europea para España, que es del 0,1%. La misma que las cifras de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Una de esas variables es el incremento anual del número de pensionistas.
El Gobierno ha previsto que el año termine con 9.250.000 pensiones, y en torno a 8,5 millones de beneficiarios. Hay personas que reciben dos prestaciones de la Seguridad Social perfectamente compatibles. Durante la crisis, se han incorporado 825.000 pensionistas al sistema, lo que ha supuesto que la nómina mensual haya aumentado en el mismo periodo un 40,45%, al pasar desde los 5.657 a los 7.946 millones de euros. Todo ello multiplicado por catorce pagas.
Además, en el mismo periodo, la relación de cotizantes por pensionistas –la tasa de dependencia– ha pasado de 2,53 a 1,97. Es decir, por debajo de la tasa de 2,1 que la Seguridad Social considera que garantiza la financiación de las pensiones públicas.
Otra variable que contribuye mucho a aumentar el gasto de las pensiones es el llamado efecto sustitución. Significa que las nuevas prestaciones que se dan de alta en el sistema son mucho más altas que las que se dan de baja por fallecimientos.
En los últimos siete años, con la crisis, la pensión media del sistema –868,47 euros mensuales– ha crecido un 27,29%, y si se trata de la prestación de jubilación –996,23 euros mensuales– ha aumentado un 30%. Dentro de este capítulo, las nuevas altas son un 31,5% más altas que las que se dan de baja. Sin embargo, desde 2007 la inflación ha subido un 9,6%.
Un incremento constante
El efecto sustitución se debe a la subida constante de la pensión que, en líneas generales, provocan la negociación colectiva, por su referencia salarial al IPC, y otros factores como las promociones profesionales o la antigüedad del trabajador en la empresa.
Por todo ello, cada mes se pagan más pensiones y de mayor cuantía, pese a lo cual y a la crisis, los primeros indicios de recuperación han permitido reducir el déficit de este año al 1,1% del PIB, tres décimas menos que el cálculo inicial. En cifras totales, 11.000 millones de euros.
Por todas estas razones también, y por la presión de la Unión Europea, en 2013 el Gobierno hizo una reforma relámpago, y muy profunda, del sistema de pensiones, conocida como el Factor de Sostenibilidad que desvincula la subida de las pensiones de la inflación –ver información en esta misma página–.
En todo caso, la gravedad de la crisis, y la consiguiente destrucción de empleo, ha obligado al Gobierno a utilizar en esta legislatura el Fondo de Reserva, por primera vez desde que nació en 2000, para poder pagar las pensiones. Sobre todo, en las pagas extraordinarias de verano y de Navidad.
La también conocida como hucha de las pensiones se alimentó durante la época de crecimiento de los excedentes por cotizaciones sociales, una vez que se habían pagado las prestaciones. Hasta el año 2009, la Seguridad Social tuvo superávit anual.
Entre 2012 y 2013, la Seguridad Social utilizó 18.651 millones de euros del Fondo de Reserva para poder pagar las pensiones. Por lo tanto, de haber podido superar los 70.000 millones de euros, el Fondo dispone ahora de 54.269 millones de euros, lo que representa el 5,3% del PIB.
PD2: Hay que hacer más cosas para salvar las pensiones…

Seis recetas para salvar las pensiones

La inflación, como forma de actualizar las pensiones, no ha funcionado, ya que no preveía los riesgos derivados de las variables demográficas y asumía promesas que, sin crecimiento, no podía cumplir.
Para corregirlo, el Ejecutivo introdujo el año pasado un nuevo Índice de Revalorización, que actualizaría las pensiones un 0,25% anual como mínimo y el IPC más 0,5 puntos como máximo (ver página 29), lo que abre la puerta a la pérdida de poder adquisitivo en algunos años.
Además, quienes se jubilen a partir de 2019 se verán afectados por el Factor de Sostenibilidad, que modificará la cuantía de las pensiones según la evolución demográfica, con lo que se espera que la cuantía baje.
Sin embargo, para muchos expertos esta reforma es limitada y, aunque se calcula que permitirá ahorrar 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022, no es suficiente. «Con la reforma, el sistema no debería tener problemas a medio plazo, pero las perspectivas demográficas del INE indican un empeoramiento sustancial de las perspectivas de las pensiones» y hay que hacerle frente cuanto antes, alerta Sergi Jiménez, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en materia de pensiones de Fedea.
Este futuro se concreta en la relación entre trabajadores y pensionistas, que ha caído al 1,95 (se estima que es necesario alcanzar un mínimo del 2,1 para mantener el equilibrio) y «el déficit del sistema difícilmente volverá a ser superávit sólo por la creación de empleo».
Jiménez explica que hay tres formas de ajustar el sistema de pensiones: aquellos que se referencian a la esperanza de vida, los que se vinculan a la tasa de dependencia y los que evolucionan conforme al PIB o la productividad.
En este sentido, es cierto que España introdujo uno del segundo tipo, pero el experto de Fedea considera necesario introducir una variable vinculada al PIB o a la productividad para cubrir los efectos del ciclo económico.
Otra medida puede ser referenciarlo a la esperanza de vida después de la jubilación, lo que mantendría el equilibrio entre el activo (el número de personas que pagan) y el pasivo (el de las que cobran) del sistema.
Para Robert Meneu, profesor de la Universidad de Valencia, este modelo tiene más sentido que referenciar la edad de jubilación únicamente a la esperanza de vida, ya que de esta forma los años que vive una persona después de jubilarse quedan fijados en torno a 20 y los costes se estabilizan.
Según las proyecciones actuales del INE, apunta Meneu, cada cinco años la jubilación debería retrasarse en cerca de 8 meses. El economista señala que, si no se hace este ajuste, las pensiones deberían bajar en torno a un 3% cada cinco años para ser sostenibles.
Sin embargo, una forma de reducir esta cuantía progresivamente a quienes menos han cotizado es aumentar los años de trabajo que se tienen en cuenta para calcular la pensión de jubilación. A la vez, se incentivaría que muchos autónomos en los tramos bajos, que retrasan sus cotizaciones artificialmente hasta el último momento, aporten más al sistema.
La cuarta pata podría ser adelantar la entrada en vigor de las reformas. Meneu indica que si el Factor de Sostenibilidad se introdujera ya, podría ser mucho más progresivo y afectar más suavemente a los pensionistas. En cambio, si se retrasa hasta 2019, tendrá que hacerse de forma mucho más drástica.
Adelantar la entrada en vigor de las reformas tendría, además un efecto secundario: aumentaría los incentivos al ahorro privado, algo que todos los expertos consultados reclaman como positivo.
Favorecer la transición hacia un sistema de capitalización, argumentan, es positivo porque impulsaría las inversiones en el país y el crecimiento del PIB y reduciría la dependencia de las pensiones públicas. El objetivo, sugieren algunos economistas, es que el destino sea el modelo británico, donde el Estado garantiza una pensión mínima y el resto depende de las aportaciones del trabajador.
Sin embargo, para que esto tenga éxito es necesario que aumente la rentabilidad de los planes de pensiones privados. Según un estudio del profesor del IESE Business School Pablo Fernández, sólo el 4,2% de los fondos españoles superaron la rentabilidad del bono español en los últimos 15 años, mientras que un 8,5% tuvo una rentabilidad promedio negativa.
Para que los planes de pensiones tengan una mayor demanda y sean más competitivos no sólo basta con que sus aportaciones desgraven en el IRPF o limitar las comisiones, como proyecta hacer el Gobierno, sino que habría que mejorar las condiciones de portabilidad e introducir algún tipo de obligación en las empresas para ofrecerlos, pudiendo el trabajador aceptarlos o no.
Una mayor inversión en estos fondos se traduciría también en un mayor crecimiento de los ingresos públicos, lo que facilitaría el pago de pensiones a quienes no hayan podido ahorrar lo suficiente.
Se han detallado muchas políticas para actuar en el lado de los gastos, pero la otra opción es hacerlo en el lado de los ingresos, favoreciendo la natalidad. Por ejemplo, un alivio en el IRPF para las familias con hijos, igualando este descuento con el de otros países de la OCDE, podría tener este efecto
PD3: No es lo mismo VALOR y PRECIO. Como siempre, hay que buscar la felicidad, no solo la nuestra, sino la de los demás…